Parados de la mesa

El libre comercio es sin duda beneficioso. Mejora el poder adquisitivo de la población, ayuda a controlar la inflación, y contribuye a la competitividad de la industria nacional. Sin embargo, debe darse en condiciones de competencia equitativas y con reglas de juego claras. No puede servir para alentar el contrabando. Fenómeno que le hace un daño inmenso a la economía nacional, y que si bien las cifras son difíciles de estimar, es significativo en el intercambio comercial con algunos países.Panamá es un caso bien ilustrativo. Actualmente Colombia está negociando un tratado de libre comercio (TLC) con el vecino país. Las negociaciones iban por buen camino hasta la semana pasada cuando el Gobierno se vio obligado a interrumpirlas porque Panamá no quiso aceptar compromisos en materia aduanera. Colombia presentó una propuesta de asistencia mutua para prevenir los delitos aduaneros, entre ellos el contrabando, pero ésta no fue aceptada por el equipo panameño, a pesar de ser más moderada que la negociada con Estados Unidos y la Unión Europea. Se estima que el contrabando que entra a Colombia vía Panamá está cerca de los mil millones de dólares anuales. La mayoría proviene de la Zona Libre de Colón, a donde llegan las mercancías procedentes de todo el mundo y se reexportan a nuestro país a precios irrisorios. Precisamente son los empresarios de la Zona Libre quienes están presionando al Gobierno panameño para que no asuma obligaciones en materia aduanera con Colombia. El problema del contrabando con Panamá viene de tiempo atrás y la cooperación ha sido incipiente. Por esta razón, en el 2006 el Gobierno colombiano se vio obligado a adoptar una serie de medidas para proteger la economía nacional. La más controversial fue la restricción de puertos: los textiles y calzado panameño sólo podían entrar al país por el aeropuerto de Bogotá y el puerto marítimo de Barranquilla. El Gobierno consideró que en estos dos puertos se podía lograr un control más estricto del contrabando. Las medidas fueron demandadas por Panamá ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), organismo que se pronunció en el 2009 a favor del vecino país y obligó a Colombia a desmontar la restricción portuaria, entre otras medidas. Lo insólito de la decisión de la OMC es que deja entrever que el libre comercio debe ser protegido a toda costa. El panel consideró que el contrabando por parte de Panamá no justificaba las restricciones adoptadas por Colombia pues existían alternativas como la cooperación aduanera. Cooperación que en el pasado ha sido infructuosa y que ahora, precisamente en el marco de la negociación del TLC, Panamá no ha querido aceptar. Ante este panorama, el Gobierno se debe mantener firme en la lucha contra el contrabando y no ceder en las negociaciones con Panamá. Pero más allá de esto, la Dian debe mejorar su gestión y efectividad. Se necesita modernizar nuestros puertos, particularmente el puerto de Buenaventura, y capacitar a los funcionarios aduaneros para lograr un control más efectivo de las importaciones. Además Colombia no puede sola. La OMC debe asumir el contrabando como un enemigo del libre comercio y aceptar que ciertas medidas están justificadas en la lucha contra este flagelo.