Nos toca solos

Julio 26, 2010 - 12:00 a.m. Por: María Eugenia Lloreda

La reacción de los países miembros de la OEA en torno a las pruebas presentadas por Colombia sobre la presencia guerrillera en territorio venezolano fue decepcionante. No hubo un rechazo ni una censura generalizada y la atención terminó desviándose hacia el rompimiento de las relaciones, en vez de enfocarse en el hecho grave de la protección del Gobierno venezolano a guerrilleros colombianos. Lo preocupante no es la ruptura de las relaciones, pues hace tiempos estaban rotas. Los mecanismos bilaterales no funcionaban, el comercio bilateral estaba deteriorado, la confianza era nula y la interlocución de la embajada de Colombia en Caracas, precaria. Lo realmente grave es que la crisis evidenció una carencia de escenarios internacionales efectivos para dirimir conflictos de esta naturaleza. La reacción en la OEA confirmó una vez más que este organismo es inocuo y que no fue creado para resolver este tipo de situaciones. No es un foro para hacer respetar ciertos principios y normas internacionales por las cuales los estados deben regirse con miras a la convivencia pacífica. Pero, entonces, sino es la OEA, ¿cuál es el foro internacional apropiado para someter el conflicto colombo-venezolano? El escenario ideal sería la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Colombia podría demandar a Venezuela porque está incumpliendo obligaciones internacionales contenidas en tratados que prohíben financiar o auspiciar grupos terroristas. El problema con esta alternativa es que Venezuela nunca ratificó el Pacto de Bogotá de 1948, mediante el cual la mayoría de países de la región reconocieron competencia a la CIJ para dirimir las controversias entre ellos. Quizá por eso el Estado colombiano está considerando la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional, CPI, para demandar a altos funcionarios venezolanos por crímenes atroces cometidos en Colombia por guerrilleros de las Farc auspiciados por el Gobierno venezolano. El camino de la Corte, sin embargo, sin ser un imposible jurídico, no es claro. Para que el caso prospere debe existir un nexo de causalidad entre un crimen de competencia de la CPI cometido en Colombia y la responsabilidad penal de algún agente del Gobierno venezolano. Para ello se debe probar que hubo un crimen de guerra o de lesa humanidad perpetrado por las Farc -un ataque generalizado o sistemático contra la población civil colombiana que atente contra la dignidad humana- y que, además, dicho acto se produjo por acción u omisión de agentes del Estado venezolano. No es suficiente que el Gobierno venezolano apoye económicamente a las Farc o la presencia de guerrilleros en Venezuela, sino mostrar la responsabilidad de funcionarios venezolanos en los crímenes cometidos por la guerrilla en Colombia. Más allá de la procedencia, Colombia debe analizar la conveniencia de referir el caso a la CPI. El caso demoraría años en la Corte, lo cual implicaría que las relaciones se mantendrían deterioradas indefinidamente y, además, la CPI no se limitaría a los crímenes cometidos por agentes venezolanos, sino que podría examinar otras conductas criminales asociadas con el conflicto armado colombiano.Una alternativa más plausible sería llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, nada garantiza que Colombia cuente con el apoyo político de los países miembros del Consejo de Seguridad. Más aún cuando países líderes de la región, como Estados Unidos y Brasil, han sido tan escuetos en sus declaraciones. Un panorama desalentador para Colombia, que confirma la vía bilateral como el mejor camino de solución, exigiendo del nuevo Presidente la habilidad diplomática para acercarse a Venezuela sin abandonar los intereses de seguridad nacional.

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