¿Y los enfermos qué?

Fuera del asco que produce el escándalo que a diario se destapa con la malversación de los negocios de salud, es imposible dejar de pensar en el número de vidas que se han perdido por cuenta de la desatención de las famosas EPS -empresas prestadoras de salud-. Las llamadas IPS -todo en la salud ahora es con siglas, carnets, autorizaciones, códigos, y números-, es decir las clínicas y hospitales, han hecho acuerdos con las EPS para asegurar volumen de enfermos y poder utilizar al máximo sus instalaciones. Los servicios, la atención, la utilización de los costosos aparatos, todo está cuantificado, hora paciente, costo/beneficio y se habla de la rentabilidad del negocio de la salud. La gente, los enfermos, el objetivo único de todo el montaje, desaparecieron. Un negocio lleno de intermediarios, abusadores y vivos incrustados en el sistema, que trafican con el dolor de la gente, con las enfermedades y la necesidad de atención médica. Es común escuchar historias de la continua negativa de las EPS a atender complicaciones graves y costosas. Se amparan en la existencia o no de convenios, de manera que los pacientes, y no sólo los más pobres, se ven en la obligación de acudir a las urgencias como único camino para recibir atención oportuna.Y empieza ahí el otro calvario: las salas de urgencias. Son las horas más amargas, el desasosiego mayor el que enfrenta cualquier colombiano sin distingo social o económico cuando se acerca a unas urgencias. Camillas, quejidos, bolsas de suero, oxígeno, gasas, sangre, zozobra en medio de los comentarios desapacibles de las batas blancas que se acercan y husmean con curiosidad, pero también con inhumanidad a los pobres enfermos tirados en las camillas. Es un descenso a los infiernos. Como duele y produce rabia ver a las multinacionales de la salud, a las EPS que forman parte de los grandes conglomerados financieros, a los burócratas de pacotilla robarse unos recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Un esquema de corrupción tan simple como perverso. Son funcionarios del Ministerio de la Protección, quienes se retiraban para pasar a asesorar las EPS, los encargados de trazar la ruta del recobro. La ruta de las reclamaciones millonarias de servicios que ya habían sido cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud -POS-. En el Ministerio se quedaban más que bien sentados, los cómplices que garantizarían la prontitud de los pagos. La cabeza era Claudia Patricia Rojas, quien desde 2003 se desempeñaba como coordinadora de Cobros y reclamaciones, y se sabe que recibió el 6% por cada recobro, una comisión que repartía con quienes hacían la tarea desde las EPS. Junto a ella han aparecido los nombres de Luis Andrés Ruiz y Edgar Medina quien se fue con la información de la base de datos que manejaba en el Ministerio. En la lista de las catorce EPS investigadas por posible compromiso con la ilegalidad están algunas de las más prestigiosas organizaciones de la salud. Hasta ahora han sido involucrados los mandos medios, pero faltan los directivos y presidentes de las compañías, quienes tienen tanta responsabilidad como los funcionarios públicos. Ejecutivos dedicados a urdir la trampa y el atajo, enriquecer las arcas, en vez de atender mejor a los enfermos.