Y la tierra, ¿para quién?

Hace tres años Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura del gobierno Uribe, intentó entregarle las 20.000 hectáreas de la hacienda Carimagua en los Llanos Orientales a un grupo de empresarios de palma africana. El revuelo mediático y los debates en el Congreso liderados por la senadora Cecilia López lo obligaron a desistir de su intención. Se salvó de una moción de censura, gracias a que la coalición de gobierno funcionaba como una maquinaria bien aceitada. Ayer el presidente Santos destinó la hacienda Carimagua para que 500 campesinos desplazados por la violencia cultiven palma de aceite, cacao y frutales. No estarán solos. Contarán con el apoyo del sector privado con empresas como Indupalma y del Gobierno con paquetes tecnológicos, préstamos para capital de trabajo y apoyo en la comercialización. Hace cinco años también Andrés Felipe Arias autorizó la titulación al ex senador Habib Merheg de 38.000 hectáreas baldías en el Vichada. Ésta se hizo a nombre de 44 empleados suyos que nunca habían puesto un pie en las fértiles tierras de la Orinoquía. Merheg formaba parte de la bancada de Colombia Viva, un partido pequeño pero determinante en la coalición de gobierno para asegurar la mayoría parlamentaria. El gobierno Santos, a través del Incoder, revocó las titulaciones y estas tierras también fueron destinadas ayer para proyectos productivos de campesinos desplazados. Hace 14 años paramilitares de Carlos Castaño, Mancuso y el Bloque Centauros se tomaron a sangre y fuego Mapiripán, en el Meta. Asesinaron en horas a 50 personas en una de las dolorosas masacres de finales de los años 90. Pedro Guerrero, alias Cuchillo, integrante del grupo, se benefició con la irrupción violenta en la zona y se quedó con 12.000 hectáreas de tierra en el municipio. Éstas le fueron expropiadas, pero pasaron a formar parte de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, muchos de los cuales terminaron feriados entre políticos y sus recomendados -como varias haciendas del Valle del Cauca-, rematados de cualquier manera o yacían enterrados en cualquier escritorio. Estas tierras también las entregó ayer Santos a familias víctimas de la atroz violencia en un acto de reparación. Simbólico y significativo, sin la Ley de víctimas aún aprobada. La revitalización de las aldeas rurales y el trabajo honrado empiezan a abrirse camino en la Orinoquía donde nace un ambicioso proyecto de desarrollo agrícola en una extensa zona del país abandonada e improductiva por décadas. El contraste entre los dos gobiernos Uribe y Santos es total. La visión del desarrollo rural y de quiénes deben ser los beneficiarios de los baldíos o de las tierras que se le arrebatan a los narcos, es abismalmente diferente. La de Uribe, en cabeza de Andrés Felipe Arias, estaba dirigida a favorecer a los pocos grandes empresarios agrícolas (remember Agro Ingreso Seguro), la del actual Gobierno, está orientada a los muchos pobres campesinos, miles de ellos víctimas de desalojos a sangre y fuego. La de ayer fue la cuota inicial de un plan de gobierno que busca que la vida regrese al campo y los campesinos vuelvan a ser también protagonistas del mundo rural colombiano. Un sueño aplazado.