¿Y la corrupción privada?

Abundan los titulares de prensa con investigaciones, acusaciones, principios de oportunidad y condenas en contra de funcionarios públicos de todos los sectores. La Contraloría, la Procuraduría y sus correspondientes entes de control locales, así como la Fiscalía, se mueven al ritmo de los escándalos mediáticos en el que incluso las indagaciones preliminares dan para noticia. Cada día menos profesionales honrados quieren ocupar cargos públicos porque se sabe de ante mano el tipo de vigilancia que ejercen unos entes de control que por su conformación misma no garantizan el equilibrio ni la neutralidad que exige la justicia. Los nombramientos pasan por el cedazo del Congreso, las asambleas o concejos. Finalmente la clase política escoge y con esta llega la cuenta de cobro politiquera. De allí que no pocas investigaciones y fallos disciplinarios, fiscales o judiciales son producto de motivaciones distintas a las que debe tener un verdadero fallo en justicia. Con esta argumentación no pretendo exonerar de responsabilidad a los cientos de funcionarios corruptos que se han encargado durante décadas que hacer que los dineros públicos no lleguen a su destino y terminen en los bolsillos personales, y que deben ser castigados con todo el peso de la ley.Sigifredo López, quien a su vez fue víctima de un atropello garrafal por el cual pagó injustamente cárcel cuando un Fiscal regional se atrevió a acusarlo, sin pruebas, de algo impensable: haber sido cómplice de las Farc en el asesinato de sus compañeros de cautiverio, creó la Fundación Defensa de Inocentes para abogar por las personas injustamente acusadas, señaladas y condenadas. Cada día le llegan más y más casos que demuestran lo mal parada que está la Justicia colombiana, el bastión fundamental de una democracia.Pero mientras el sector público está sobre vigilado, el sector privado, corresponsal casi siempre de las irregularidades que le endilgan a los funcionarios, logra esquivar campantemente la ley. Por esto da tanta rabia decisiones como la que en un cuestionable laudo arbitral, obligan al Valle del Cauca a reconocerle $8.600 millones como comisión de éxito al Consorcio Desarrollo del Valle del Cauca, por un trabajo que nunca hizo, cuyos argumentos no convencen, razón por la cual será apelado por el Departamento.Indigna ver que al sr. Carlos Slim no solo no le pasa nada ni nadie lo obliga a honrar la deuda que Claro tiene con la ETB por $134.000 millones y que el Consejo de Estado le ratificó, sino cómo descaradamente aspira a quedarse con el 4G pasándose por la faja la legislación colombiana. Y ni que decir de la lentitud de la Justicia frente a los directivos de Interbolsa contra quienes hay pruebas de maniobras ilegales y tramposas en virtud de información privilegiada, con las que lograron hacerle el esguince y adelantársele a la intervención de la Superfinanciera. Las víctimas del abuso de confianza, el fraude y la estafa de quienes manejaban el dinero en Interbolsa siguen esperando que la Justicia actué. Porque esta, como los hechos lo demuestran, suele ser más benévola con la corrupción privada que con la del sector público, a pesar de ir amarradas en un matrimonio indisoluble.