Valle de lágrimas

A solo tres días de las elecciones del nuevo gobernador, la realidad económica del Valle del Cauca es deplorable. Estamos frente a un Departamento quebrado, con un problema estructural magnificado por un manejo fiscal deficitario que se acentuó por el ritmo de gastos durante los dos años y medio de Juan Carlos Abadía y que a pesar del intento del gobernador Francisco Lourido de corregir con medidas de saneamiento, el resultado final no transformó sustantivamente la situación y obligó al Departamento a entrar a Ley 550.La gobernadora (E) Adriana Carabalí se quedó sin margen de acción. En mitad de la reunión intentó hacer llamadas y mover fichas políticas, pero no tuvo más remedio que aceptar la situación. Los números que maneja el Ministerio de Hacienda son los siguientes porque las cifras eran apabullantes: al cierre fiscal del 2011, el Departamento generó un déficit de $68. 452 millones, de los cuales $26.641 corresponden a recursos de ingresos corrientes de libre destinación, $4.868 millones con cargo al SGP Educación y $36.944 a recursos de la Salud. Y esto sin haber incorporado otros pasivos reportados por la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de hacienda que sumaban $256.272 millones, además de embargos por $40.000 millones, con lo cual la situación deficitaria sumaba $296.272 millones.Así las cosas, el total de pasivos alcanzaba los $373.517 millones (incluido el de tesorería), los cuales representan el 73% de los pasivos corrientes reflejados en el estado de la contabilidad a diciembre de 2011 ($513.852 millones). A esto se le suman obligaciones causadas y sin pagar por más de 90 días y embargos judiciales, cuyos montos representan más del 5% del valor del pasivo corriente. Con estos datos, el Valle cumplía de sobra los requisitos para entrar en el proceso de Ley 550/99. Acaban de aparecer nuevos embargos por$ 80.000 millones que comprometen cualquier ingreso que llegue al Departamento. Esta realidad está asociada directamente al descalabro político. Difícilmente un gobernante, como sucedió con Juan Carlos Abadía, había podido hacer tanto daño en tan poco tiempo. El millonario desfalco de la licorera cuyo primer responsable es el exgobernador Abadía y que llevó a la suspensión del recién elegido gobernador Héctor Fabio Useche se reflejó además en el vertiginoso descenso de los ingresos de la rentas de licores que disparó el déficit. Y ni qué decir de las vigencias futuras y sus efectos negativos. Estos números que parecen asunto de economistas tienen consecuencias directas en la vida de la gente. La inversión en todos los órdenes, y muy especialmente la social, -calidad de los hospitales, de la escuela pública, de la universidad-, está reducida casi que a ceros. Ninguno de los candidatos a la gobernación está preparado para encarar este desafío. Ubeimar Delgado, un político conservador que viene de las entrañas de la clase política que acaba de mostrar de que es capaz, con el bochornoso episodio de la reforma a la justicia. Razón tienen quienes promueven el voto en blanco en llamar a apartarse de la lógica de votar por el menos malo. Porque para salir del atolladero se requiere de una renovación política, en la que el triunfo del voto en blanco puede ser el comienzo.