Sin asco

Las cinco horas de la audiencia judicial para imputar a los responsables de la defraudación, por no decir el robo, del anticipo de $ 70 mil millones para el programa de conectividad de 7000 escuelas rurales en seis departamentos, ponen al descubierto lo poco o nada que se ha avanzado en materia de lucha contra la corrupción en el país. Sin duda, el peor cáncer de la sociedad, el enemigo mayor para avanzar en una democracia y el látigo supremo contra el desarrollo de un país que pide a gritos el cierre de brechas económicas y sociales. Da mucha rabia.

La fiscal Andrea Muñoz mostró la estructura delictiva que se montó, por lo demás sofisticada y con nuevas variantes, a la hora de falsificar garantías bancarias de una entidad como el Banco Itaú, que tras el incumplimiento de los contratistas dejó con las manos vacías al Estado a la hora de reclamar el cuantioso anticipo. Un patrón que se repitió en Cali, nada menos que en Emcali -una entidad cuya precaria recuperación le ha costado miles de millones de recursos públicos del presupuesto local y nacional- y que lamentablemente el alcalde Jorge Iván Ospina atrapado en la aritmética política electoral, le entregó con buenas cuotas y su propia influencia personal al condenado e inhabilitado exgobernador Juan Carlos Abadía. Emcali suscribió con el Consorcio Renovación Puerto Mallarino un contrato por $2417 millones con un cupo de crédito falso, según la Fiscalía. Y también del Banco Itaú. Fue precisamente este documento chimbo el que los habilitó financieramente para quedarse con el negocio y dejar en la lona al otro proponente.

Detrás de esta empresa enredada con Emcali, está nada menos que Emilio Tapia detenido hoy nuevamente por la Fiscalía, a través de su representante legal Herles Rodrigo Ariza, su mano derecha en los negocios. Todo indica que existe una fábrica de garantías bancarias falsas que opera en el país, en muchos casos con complicidad de funcionarios de las entidades contratantes y que redunda en beneficio de los contratistas corruptos que se ahorran estos recursos al tiempo que el Estado queda desprotegido.

Muy seguramente el gerente Juan Diego Flórez argumentará que todo sucedió a sus espaldas, pero la Justicia se encargará de ir señalando responsables y advertir que los rumores alrededor de Emcali y un posible entramado de corrupción no son solo rumores. El alcalde Jorge Iván Ospina, debería dar señales de transparencia en el manejo no solo de esta institución sino de todas las entidades de la Alcaldía para despejar tantos interrogantes que tiene encima y darle la confianza que los estamentos sociales caleños le reclaman.

Está claro que frente a la lucha contra la corrupción, todo sigue siendo pura carreta, retórica legislativa con unas leyes plagadas de agujeros por donde se cuelan olímpicamente los corruptos. Y mientras, la atención del presidente Duque está en el aumento de impuestos, que terminan yéndose por la alcantarilla como parte de los $50 billones que se calcula, anualmente se roban en contratación pública.

Algo tenemos que hacer como sociedad y no podemos seguir cohonestando calladamente con esta degradación institucional. Los corruptos andan sueltos y cada día actúan con más desfachatez y descaro. Sin límites. Sin asco.
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