6024455000Sicariato judicial
Por eso la rama judicial y los organismo de control están en la mira de los grupos políticos que buscan coparlos desde el nivel local hasta el nacional, pues les permite eliminar carreras públicas, a la manera del sicario que le hace el trabajo sucio al gran jefe.
La detención en Santa Marta del exalcalde Carlos Caicedo y del actual alcalde Rafael Martínez, por orden de un par de fiscales y de un juez que en su cuenta de Facebook reconoció que a los jueces les toca aplicar “las medidas intramurales” para que la Fiscalía no los investigue, es la última de las acciones de atropello que se volvieron habituales en esa todopoderosa y temible entidad. Son sin embargo acciones selectivas, pues mientras tanto otros procesos permanecen misteriosamente engavetados, durmiendo el sueño de los justos.
La precariedad de los argumentos esgrimidos en rueda de prensa por el fiscal regional del Magdalena, Vicente Guzmán, para supuestamente justificar la medida, no solo no convencen sino que dejan un mal sabor y múltiples dudas, agravadas cuando se conoce su ascenso en la entidad a la sombra del cuestionado magistrado Gustavo Malo, primero en Cartagena y luego desde junio del 2016 en la seccional samaria.
La decisión es aún más insólita y atrabiliaria si se tienen en cuenta las circunstancias en las que se tomó. Se trata de una orden de captura emitida sin haberles dado la oportunidad a los hoy detenidos, como lo contempla la ley, de ser previamente escuchados, como si fueran peligrosos delincuentes que amenazan a la sociedad. La Fiscalía desoyó la petición expresa y reiterada de los abogados al respecto. Para rematar, el día escogido para las detenciones permitía lograr el máximo impacto mediático. Carlos Caicedo fue apresado cuando se disponía a abordar el avión rumbo Bogotá para entregar en la Registraduría las 2 millones de firmas de respaldo a su aspiración presidencial por la Fuerza ciudadana. Al alcalde Martínez lo sorprendieron los agentes del CTI cuando daba una entrevista radial.
Difícil un comportamiento más burdo si se tiene en cuenta el escenario político del Magdalena, donde los alcaldes detenidos han enfrentado políticamente a los cuestionados clanes políticos tradicionales que han mangoneado durante décadas la política y la administración de la ciudad y el departamento, y el mal manejo de los recursos públicos. En lo que se destaca la familia Cotes. En todo este tinglado flota la presencia de Cambio Radical, del Fiscal General para abajo. Hay coincidencias que preocupan por lo que pueden significar para un juego limpio en la lucha política. La administración de justicia abandonó su ámbito propio y terminó en las fauces de la politiquería que hoy rima con corrupción.
Emplear el peso de la ley penal como arma política es una manera perversa pero eficaz para golpear el buen nombre de las personas y liquidar aspiraciones políticas. Igual sucede con muchas medidas disciplinarias o fiscales de la Procuraduría y la Contraloría, tomadas con gran acompañamiento mediático para asegurar impacto de opinión. Estas medidas terminaron convertidas en un medio expedito para aniquilar contradictores políticos, como se vio en el caso del procurador Ordóñez frente al alcalde Gustavo Petro, que ha reeditado el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, otro militante de Cambio Radical.
Por eso la rama judicial y los organismo de control están en la mira de los grupos políticos que buscan coparlos desde el nivel local hasta el nacional, pues les permite eliminar carreras públicas, a la manera del sicario que le hace el trabajo sucio al gran jefe.
