¿Quién puede con Buenaventura?

Septiembre 04, 2015 - 12:00 a.m. Por: María Elvira Bonilla

Hace casi cincuenta años, el presidente Carlos Lleras Restrepo, el gobernante quien con tesón, autoridad y tenacidad logró unas transformaciones de fondo que aún perduran, confesó al terminar su mandato su mayor frustración como gobernante: “Con Buenaventura no pude”. Y lo cierto es que desde entonces nadie ha podido. Los gobiernos centrales y algunos departamentales, uno tras otro, como lo hizo en su momento Lleras Restrepo, han nombrado enviados especiales, han invertido millonarios presupuestos en proyectos de infraestructura, educación, salud, deporte, cultura. Pero los recursos se esfuman como si se los tragaran las miles de alcantarillas destapadas que hay por toda la ciudad. Las mismas por las que circulan los desechos podridos que van a dar al mar. Los dineros públicos terminan en un remolino de corrupción y desgreñe administrativo del que un puñado de avivatos ha sabido aprovecharse. Avivatos pertenecientes o aliados a los políticos que tienen la responsabilidad mayor en este hecatombe social que se llama Buenaventura. Una realidad inocultable que tomó nuevamente forma con la detención del alcalde Bartolo Valencia, dos secretarios de despacho y un puñado de funcionarios comprometidos con los sagrados dineros de la educación. Pero no es el primer caso en el que la autoridad de la ciudad termina en prisión. Su antecesor José Félix Ocoró, de la cuerda del exsenador Juan Carlos Martínez, quien hasta su detención mangoneaba la política vallecaucana, acaba de ser condenado a 18 años y 9 meses de cárcel e inhabilitado por la Procuraduría acusado de los mismos delitos que le endilgan a Bartolo Valencia: peculado y celebración indebida de contratos. Otro alcalde, Saulo Quiñones, cumple prisión domiciliaria y fue destituido e inhabilitado once años por la Procuraduría por irregularidades en la suscripción de convenios educativos. Freddy Salas elegido en 1998 no estuvo relacionado con irregularidades, pero fue asesinado por un sicario en el sur de Cali. Su sucesor, el médico liberal Jaime Mosquera, al finalizar su periodo tuvo que exiliarse con toda su familia en Estados Unidos huyendo de las amenazas de muerte en su contra. Todo es turbio en la política de Buenaventura manejada con personajes avalados en su mayoría desde Bogotá por el Partido Liberal. No vale la pena repetir cifras de los millones que entran por un puerto que mueve más del 70% de los productos que entran y salen del país incrementados con la cadena de nuevos TLC que multiplicado el comercio con los mercados internacionales. Como tampoco vale la pena repetir estadísticas de pobreza, de hambre, de palafitos y viviendas miserables; de los millones de jóvenes de la generación no-futuro que se matan unos a otros ante la mirada indiferente del resto del país. Son datos conocidos de sobra como es también el asombro que produce la desigualdad cada vez más profunda en esta ciudad que vive de un único negocio: las operaciones del puerto. Una lucrativa actividad privatizada en el gobierno de César Gaviria, controlada hoy por doce empresas que generan 2 mil millones de dólares al año desde un enclave rodeado de miseria. Pesa con nostalgia el majestuoso hotel Estación testigo de aquellos tiempos cuando Buenaventura con su futuro promisorio le daba la bienvenida a cuanto forastero llegaba al país.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad