No cumplir, otro mal colombiano

Escuchar y leer las relatorías del equipo de las Naciones Unidas que se ha ocupado con dedicación de la veeduría del Proceso de Paz del Gobierno con las Farc produce pena ajena. Mejor, pena de Colombia. Pero también desconcierto y decepción. La ONU ha insistido, y dice abiertamente que las Farc han cumplido con la dejación de armas y su permanencia en las zonas demarcadas, mientras el Gobierno no -no lo dicen explícitamente por sus consabidas genuflexiones diplomáticas-, pero sí lo demuestran abiertamente.

Quienes hemos visitado algunas de las 23 zonas verdales de transición, previstas para que la guerrilla se recogiera desde este 1 de enero, una vez se trasladaran a través de ríos y largas marchas por las cordilleras desde los lugares donde han estado desde hace décadas, hemos podido constatar el incumplimiento absoluto por parte del Gobierno; una incompetencia inaceptable si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Presidencia, a través del Fondo para La Paz, en la última quincena de diciembre contrató $53 mil millones en menos de 24 horas con empresas que no tendrían la capacidad financiera ni la experticia para adecuar las zonas donde permanecerían las Farc durante el proceso de dejación de armas y constitución de su partido político. Se trató de contratistas que llegaron, como siempre, con el respaldo de personajes vinculados a la negociación de paz, muchos de ellos políticos cercanos al Gobierno. Claramente fue la oportunidad, en medio de la improvisación, para hacer fiesta con unos recursos destinados para albergar los 7000 guerrilleros que hace quince días terminaron de entregar las armas y que están depositadas en los containers instalados por las ONU.

Han incumplido con la Ley de Anmistía para implementarse también desde el 1 de enero, que incluía a 3200 presos de las Farc y que ha derivado en una huelga de hambre de 1300 internos, que cumple ya quince días y que puede terminar en un caos carcelario. Está claro, se quería llegar a la firma del Acuerdo a como diera lugar, pero nunca se previó el día después.

Incumplir el Acuerdo de Paz en el escenario de la violencia colombiana, tal como lo ha advertido la ONU, puede tener unas consecuencias graves. El entorno que rodea las áreas de desmovilización de las Farc están plagadas de bandas criminales, de economía ilegal, de coca y narcotráfico y el riesgo de volver a incendiar nuevamente el campo colombiano es alto para reeditar el círculo perverso de una historia ya conocida. Y Santos y su gobierno no se pueden lavar las manos y dormir tranquilos en Bogotá, limitados a tramitar leyes y firmar decretos.
Da pena además por el respaldo logrado a un Proceso de Paz que le dio incluso para Premio Nobel a Juan Manuel Santos, pero sobre todo, denota la falta de seriedad y confirma nuevamente que el incumplimiento, la mentira y el ‘bluff’ (habladera de paja), forman parte del ADN del colombiano. Un país donde todos incumplen: gobernantes, jefes y empleados; empresarios; maestros y alumnos; ciudadanos de a pie; un país donde se ha vuelto costumbre faltar a la palabra, un comportamiento colectivo, pésimo augurio de cara a la construcción de ese país promisorio que debería nacer con la firma del Acuerdo de Paz. Y que todos debíamos tomar en serio.

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