Manos limpias

Dos circunstancias cambiarán el escenario político colombiano: el tsunami producto de las revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht que dimensiona la lucha contra la corrupción y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, resultado del acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc. Los protagonistas de las elecciones tanto legislativas como presidenciales del 2018 muy posiblemente no serán los mismos que aparecen hoy en las encuestas; más de uno se puede terminar en el camino por decisiones de la Procuraduría, la Contraloría, Justicia Ordinaria o del Tribunal especial.

El vergonzoso escándalo de Odebrecht producto de las documentación entregada el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos cambió la ecuación frente a la corrupción. El aparato de justicia colombiana, politizado, tímido e incompetente está siendo escrutado internacionalmente, forzándolo a actuar con prontitud. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha respondido con diligencia y se espera que llegue lejos con la identificación de los responsables de la diabólica máquina de corrupción montada por los brasileños y que desde ya tienen temblando a integrantes de la cúpula de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Este es solo el comienzo de lo que puede convertirse en un gran destape de corrupción que puede derivar en un gran tsunami que golpee y saque del camino de la política y del servicio público a sonados dirigentes nacionales y regionales.

A este tsunami se le debe sumar el revolcón profundo que producirá la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que va de la mano de la Comisión de la verdad, producto de los acuerdos de La Habana. El nuevo Tribunal de jueces tendrá un supra poder en su tarea de buscar la verdad, juzgar y castigar a los implicados en delitos cometidos en el contexto de cincuenta años de conflicto que se asume comenzó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948.

Atenderán el Tribunal muchos colombianos quienes por voluntad propia estén dispuestos a confesar hechos que le pesan en la conciencia que pudieron ser cometidos en circunstancias determinados por la confrontación o también aquellos señalados con pruebas y testimonios en el que coincidan más de dos personas -no basta la denuncia de una sola víctima- de haber cometido crímenes, secuestros, extorsiones, atropellos, o que hayan forzado desplazamientos y despojos de tierra. Es el horror de la guerra traducido a procesos judiciales individuales con consecuencias penales.

Este Tribunal manejado con equilibrio y sin odio ni ánimo vengativo, permitirá saldar cuentas pero también reparar e iniciar procesos de perdón y no repetición. Nadie puede anticipar lo que saldrá de este mecanismo aceptado por la Justicia Transicional que resulta inédito para Colombia, acostumbrada a los ocultamientos y las verdades a medias y cuyo principio rector deberá ser el reconocimiento de la responsabilidad individual en los hechos. Se abrirá sin duda una complicada caja de Pandora con consecuencias insospechadas.

Pero lo cierto es que el destape de la corrupción y el nuevo Tribunal de Justicia le darán un impredecible revolcón a la política y a sus protagonistas, y quedarán en el juego democrático solo aquellos que tengan las manos limpias.