Luto en la Fiscalía

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Algo grave acaba de ocurrir en la Fiscalía. Con argumentos estrictamente burocráticos,...

Luto en la Fiscalía

Septiembre 03, 2010 - 12:00 a.m. Por: María Elvira Bonilla

Algo grave acaba de ocurrir en la Fiscalía. Con argumentos estrictamente burocráticos, el Fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago retiró del cargo a la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Ella es la valiente mujer que ha soportado todo tipo de presiones por detener tras las rejas a Guillermo León Valencia Cossio y quien logró ,después de 25 años, reencauzar las investigaciones sobre el Palacio de Justicia. Debía el mismo día de su retiro iniciar la investigación a tres generales por su presunta responsabilidad en el homicidio del magistrado Carlos Horacio Urán. Su acusación fue la base para que la juez -otra mujer de hierro- María Stella Jara, fallara en contra del coronel Alfonso Plazas Vega y lo condenara a treinta años de cárcel por la desaparición de once civiles que no murieron en la demencial toma por parte del M-19. Esta investigación, que es un ejemplo de valor, rigor y tenacidad, analiza en 400 folios, a partir de testimonios ciertos y coincidentes, lo que sucedió por fuera del Palacio. Es un relato, con todo el peso probatorio, tan apasionante como terrible. No bastaron las 48 horas de horror vividas en el edificio porque los doscientos sobrevivientes no salían a la libertad sino a enfrentar un ejército desesperado por encontrar responsables. Cada uno de ellos era un sospechoso, un guerrillero en potencia o un cómplice. De inmediato los trasladaban a la Casa del Florero, donde el coronel Alfonso Plazas Vega, miembro del Estado Mayor Especial y comandante de la Artillería, ejercía control y mando del edificio y de los rehenes que llegaban. Unos eran separados, clasificados con una “S” de sospechoso porque según la valoración militar de sus declaraciones no ofrecían explicaciones convincentes sobre el por qué de su presencia ese día en el Palacio de Justicia, o por ser oriundos de alguna región con presencia del M-19 o simplemente por ser jóvenes o estudiantes. A los “S” los enviaban luego a la Escuela de Caballería, comandada también por Plazas Vega. De los once que salieron con vida del Palacio, nunca se supo más: siete eran empleados de la cafetería, tres eran visitantes ocasionales y una era guerrillera. El expediente, además de su fuerza argumental, está construido con base en pruebas fácticas aportadas, incluso, por algunos miembros de las Fuerzas Militares que fueron testigos presenciales de los hechos. Describen crudamente las atrocidades y las torturas a que fueron sometidos los ciudadanos detenidos en las caballerizas de Usaquen, los señalados con la fatídica “S”, así como sus trágicas muertes en medio de la crueldad de los excesos. Se trato, según la fiscal y la juez, de un acto de responsabilidad individual ocurrido fuera de combate que no cubre ningún fuero militar en el mundo y que, por el contrario, deslegitima la institución castrense. La fiscal Buitrago le ha dedicado años, energía y conocimientos a rescatar del olvido y la impunidad éste, uno de los hechos más dramáticos de la historia de Colombia, con lo cual merecía un gran reconocimiento y no un castigo. Es difícil escapar a las suspicacias que surgen alrededor de la posible motivación del Fiscal Mendoza Diago en su equivocada decisión, de las cuales sólo un recto desarrollo de los acontecimientos judiciales que están por llegar pueden salvarlo.

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