Los pantalones de Guerrero

Me atrevo a decir que la decisión más importante que ha tomado el alcalde Rodrigo Guerrero desde su posesión ha sido la cancelación unilateral del contrato de recaudo tributario de la Unión temporal Sicali. Este nació como un contrato fallido que en los 7 años de operación no le ha reportado ningún beneficio a la ciudad y por cuenta de su falta de administración dejó de percibir cerca de un billón de pesos, que proyectado al 2020 se vuelve en una cifra incalculable.Pero hay más. En el año 2000, Cali figuraba como la tercera con mejor recaudo per cápita, dentro las ciudades del país. En el 2005, con el contrato de Sícali pasó al cuarto puesto y hoy ocupa el sexto lugar después de Cartagena y Bucaramanga. Del 2005 a la fecha se le han entregado a Sícali 107 mil millones de pesos por la gestión que realizaba, lo cual implicó que el costo tributario aumentara en un 50%. Antes del contrato, por cada peso gastado en gestión tributaria se recaudaban $44, con este contrato por cada peso gastado se recaudan sólo $25. A eso se suma el retraso en la actualización catastral, obligación incumplida por Sicali, y que será una tarea futura ineludible para la ciudad.Un contrato tan irregular que le valió la destitución por parte de la Procuraduría al alcalde Apolinar Salcedo. También han expresado sus cuestionamientos la Personería y la Contraloría. Sin embargo, y a pesar de esas evidencias, no era una decisión fácil de tomar para Guerrero. Su antecesor Jorge Iván Ospina nunca encontró el camino o no tuvo la voluntad para dar el paso, tal vez por el temor al fantasma de las posibles demandas que vendrán por parte de los afectados, sin consideración del blindaje jurídico con el que se ha asegurado Guerrero.Existen incluso dos fallos judiciales que sirven de antecedente como son la acción de nulidad contractual simple que fue fallada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, declarando la nulidad absoluta del contrato y una Acción Popular fallada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali que, amparando el derecho colectivo a la moralidad administrativa, ordenó suspender la ejecución del contrato con la UT Sicali por considerar que presenta un objeto ilícito.La nación se percató de la magnitud del error de esta modalidad, que se repitió en otras ciudades y se tramitó una ley que impide que se le delegue a terceros esa función que debe estar en el corazón de toda gestión municipal porque no puede ser un particular el que controle las bases de datos con el registro de los contribuyentes. El panorama económico de Cali cambiará muy rápido. La secretaria de hacienda, Cristina Arango y el asesor Esteban Piedrahita, se prepararon para responder en el momento en que se cancelara el contrato, con una plataforma única que garantice un recaudo directo, con eficacia y transparencia, que marcará la diferencia. Un paso que el gobierno nacional debía entender como una señal de los nuevos aires que corren por la ciudad y devolverle el manejo de Emcali al municipio con la seguridad de que será manejada con seriedad y responsabilidad, como lo está demostrando el alcalde Guerrero.