Los pantalones de Duque

Durante todo el gobierno Santos y por cuenta de su debilidad politiquera y la necesidad de mantener a la clase política aplacada, la presión de los gobernadores y alcaldes logró bloquear la decisión trascendental contra la corrupción, que acaba de tomar Iván Duque: darle vía a los pliegos de licitación tipo estandar, para que la competencia sea transparente y no teledirigida. Santos tuvo la ley sobre su escritorio pero se fue sin reglamentarla, con lo cual esta era inane.

El presidente de la Cámara de la infraestructura, Juan Martín Caicedo, llevaba años insistiendo en que en esto radica una buena parte de la corrupción, un tome y dame entre el ordenador del gasto y el contratista que no solo ha desangrado los recursos públicos sino que tiene el país inundado de obras inconclusas por la mala escogencia y falta de control sobre los ejecutores.

Esto tiene además un especial impacto en la contratación local donde era frecuente que el político -senadores y representantes- no solo gestionaran los recursos presupuestales en Bogotá sino que concluían la tarea hasta la adjudicación, teledirigida a amigos, cómplices que se quedaban con los contratos que se orientaban desde la estructuración del pliego de licitación. Los jurídicos de alcaldías y gobernaciones, así como instituciones del nivel nacional, se encargaban de la tarea, cuidando la letra menuda con la que aseguraban que solo el proponente previamente señalado cumpliera. Le colocaban especificaciones puntuales que impedían la competencia abierta. Luego el contratista devolvía el favor al gobernante reconociéndole comisiones hasta del 30 %. De allí el nombre de contratos sastre: a la medida.

Esta práctica llegó al culmen con la mal recordada mermelada santista, los llamados cupos indicativos con los cuales el Ministro de Hacienda, en concordancia con el secretario general dueño del computador de Palacio, mantuvo engrasado al Congreso. El parlamentario conseguía el recurso en Presidencia contra su voto, y se lo llevaba al alcalde o gobernador aliado pero con contratista asegurado con lo cual la vuelta era redonda. Mucho bolsillo lleno y rodos de plata son los que se han perdido en esta ruta diabólica que explica el porqué de la engavetada presidencial, con la anuencia de los poderes regionales.

Y fue más allá. Los contratos tipo se estrenarán con una licitación emblemática: la conclusión del túnel de La Línea, un megaproyecto con un retraso de tres años, fracasada mega obra del vicepresidente Vargas Lleras que, como otras cuantas, quedaron a medio camino y que la diligente ministra Ángela María Orozco está retomando cuentas claras. Para concluir el Cruce de la cordillera central en el 2020, obra clave para conectar el Suroccidente y el puerto de Buenaventura con el centro de Colombia, el gobierno dispuso de $620 mil millones. Duque reunió en el Palacio de Nariño a los representantes de las 18 firmas proponentes para que firmaran además un Pacto por la transparencia y contra la corrupción, comprometidas a denunciar irregularidades o zancadillas en la adjudicación.

Mis respetos con los pantalones del presidente Duque, quien sin ruido ni exceso de cacareo, habilitó, pisando muchos callos, una de las herramientas claves en la lucha contra la corrupción, que además hacía parte de la agenda de la Consulta popular anticorrupción.

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