Los intocables

Los militares en Colombia son considerados “los héroes de la patria”. Se les tiene un respeto a prueba de todo. Es imposible conocer el manejo del billonario presupuesto de las Fuerzas Militares, ni ponerle la lupa a los contratos, ni investigar el destino que muchos de ellos cogen cuando se retiran de las filas que no excepcionalmente dejan preguntas sin responder. Todo allí está sujeto a un hermetismo inquebrantable, trátese de arbitrariedades o de abusos de superiores hacia subordinados en un régimen vertical donde no cabe sino la palabra obedecer. Nadie se atreve a denunciar. El sigilo manda. Los militares cuentan con una Justicia propia y cárceles exclusivas con reglas propias porque actúan con unidad de cuerpo con la que se protegen mutuamente. Y todo esto sucede y se justifica por las décadas de conflicto armado, con la amenaza de guerrillas o paramilitares que han hecho que la vida sobre todo en campos y veredas transcurra entre el miedo y la inseguridad real.Pero no tiene por qué ser así. Vestir el uniforme no debía ser argumento para exonerar a nadie de responsabilidades y mucho menos cuando están dotados de armas con las que pueden acabar la vida de cualquier ser humano. Y las disparan en defensa de ciudadanos inermes, de comunidades y de territorios, pero también a veces cometen acciones imperdonables como ocurrió con los más de 5265 casos de falsos positivos, que son la vergüenza mayor que ha sufrido el Ejército colombiano. No fue nada distinto a una pena de muerte aplicada a muchachos pobres inocentes que fueron asesinados haciéndolos pasar por guerrilleros para que los uniformados presentaran como bajas y responder así a las metas exigida por los jefes, obtener el reconocimiento de ellos y asegurar su permanencia en las Fuerzas Militares.El pasado miércoles la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 53 años para el mayor Wilson Quijano Mariño y de 55 para el teniente Vargas y los tres soldados que participaron en uno de los casos más emblemáticos de falsos positivos. De las calles de su barrio en Soacha se llevaron a Fair Julián Londoño, un joven que sufría de retardo mental y lo encontraron dos meses después en una fosa común en Santander. La Compañía Búfalo del Batallón de Ocaña lo presentó, junto a otros 16 jóvenes desaparecidos también en Soacha como miembro de una banda delincuencial. Los reclutadores recibieron entre $200.000 y un millón de pesos por cada entrega, pagados del presupuesto de recompensas del Ejército. Se trató de un caso tan aberrante que prendió las alarmas y puso en evidencia esta práctica criminal implícitamente aceptada y justificada dentro de las Fuerzas Militares que se repetía con más frecuencia de la imaginada y que se convirtió en uno de los mayores escándalos internacionales del Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La tenacidad y persistencia de Luz Marina Bernal, la mamá de Fair Julián, hizo que después de una lucha de 6 años la dolorosa muerte de su hijo no terminará impune. Los responsables pasarán buena parte de su vida en la cárcel, pero en una guarnición militar, con medidas especiales. Y no habría razón para ello. Pueden ser militares, pero no son intocables.