La esquiva verdad

Camilo Ospina, el exministro de defensa en el primer gobierno de Álvaro Uribe, no debe conciliar fácilmente el sueño mientras ve pasar las imágenes del exgeneral Mario Montoya compareciendo ante la JEP. Es el primero de varios oficiales que van pasando al banquillo de los acusados y quienes junto a Montoya le están poniendo la cara a la atrocidad de los llamados falsos positivos, o ejecuciones extrajudiciales, unos de los episodios más aberrantes desde el lado del Estado, en el conflicto colombiano.

Fue Camilo Ospina quien entró al cargo de ministro con los pergaminos de eficiente abogado dentro de los cuadros del Gavirismo, quien firmó la directiva ministerial 29 del 17 de noviembre del 2005 en donde por vía de recompensas y estímulos por matar guerrilleros y aportar información de guerra, oficiales y soldados rasos de la Fuerza Pública se desbordaron hasta producir 3000 asesinatos de jóvenes urbanos y rurales que fueron presentados como muertos en combate. Por estas ejecuciones extrajudiciales, muchos uniformados han sido condenados dentro de la Justicia ordinaria, pero otros, como el general Mario Montoya han optado por presentarse a la JEP buscando una mayor benevolencia frente a posibles condenas de hasta 40 años, por tratarse de un delito en el marco del conflicto armado.

La directiva ministerial avalada claro está por el presidente Uribe, es minuciosa en el pago de recompensas por documentación, material de guerra y guerrilleros dados de baja empezando con valores de $ 4 millones por los rasos. Fue un incentivo perverso que terminó estimulando la corrupción, degradando y señaló una ruta criminal montada sobre la vida de muchachos inocentes.

Los relatos de las mamás con sus historias de hijos adolescentes a quienes primero engañaban con la falsa promesa de un trabajo y luego terminaban en cadáveres vistiendo botas y uniformes, con un arma al lado que nunca dispararon, son espeluznantes. Hubo complicidad de inspectores y operadores de la Justicia encargados de los levantamientos en parajes apartados del país, escalando en la cadena de mando dentro de las Fuerzas Militares y muy posiblemente con civiles involucrados. A Ospina lo reemplazó Juan Manuel Santos en el Ministerio que lo catapultó a hacia la Presidencia y pasó un buen rato antes de que se derogara la nefasta directiva.

Mujeres que perdieron a sus hijos y que incluso muchas de ellas no los han podido enterrar, han acudido a la JEP a aportar testimonios y a encarar a comandantes como el simbólico exgeneral Mario Montoya pero también a otros oficiales cuyos juicios apenas comienzan. Piden que se haga justicia pero sobre todo que se conozca la verdad. No solo ellas, las involucradas directamente, sino todo el país necesita saber cómo se montó esta máquina de guerra no solo para que los responsables respondan sino porque estas amargas páginas solo se doblarán con la verdad.

Pero la verdad en Colombia es esquiva. Incómoda. Se evade, se le buscan recovecos porque la simulación, las mentiras o las verdades a medias se entronizaron, olvidando que nada aligera más las cargas sobre la conciencia que encarar los hechos. El exgeneral Montoya podría dar un ejemplo, pero a juzgar por las audiencias, no parecería estar muy dispuesto a hacerlo.

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