El prontuario de un educador

Las universidades de garaje se multiplican. Las familias le entregan sus ahorros a tratar de construirle futuro para sus hijos en la institución que esté al alcance de su bolsillo. Y esto empezó hace ya 20 años cuando el gobierno de César Gaviria decidió entregarle la educación superior a las leyes del mercado. Su calidad quedó al garete movida por el solo estímulo del lucro inmediato, iniciativa que derivó en la proliferación de establecimientos que simplemente entregan diplomas y engañan. Se trataba de estimular y subsidiar la demanda para que cada quien saliera a la búsqueda de matrículas baratas. La educación superior se convirtió en un negocio donde han pelechado personajes como César Pérez García, el rector vitalicio y dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia, uno de los centros docentes más grandes del país, con 20 sedes universitarias y cinco colegios, que está en la cárcel. El prontuario de este supuesto educador es mayúsculo. El señalamiento más grave es su presunta participación en la masacre de Segovia, cuando el 11 de noviembre de 1988 un grupo de paramilitares disparó indiscriminadamente contra la población civil y dejó 43 muertos y 45 heridos. En el juicio que se adelanta en su contra, el ex paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, acaba de ratificar que Pérez instigó la matanza. El testimonio de lo que ocurrió en la voz de la exalcaldesa de Segovia Rita Tobón, quien está asilada en Europa hace 21 años, es aterrador y será una prueba para la Corte Suprema de Justicia. El proceso estuvo a punto de prescribir, pero la Sala Penal de la Corte lo impidió al aplicarle a la masacre de Segovia los tratados sobre crímenes de lesa humanidad. César Pérez le mezcló política al negocio de la educación y llegó a la Cámara de Representantes. Pero no resistió que la Unión Patriótica lo derrotara en esta zona minera dominada tradicionalmente y se cree que la masacre ocurrió como retaliación, porque la gente se separó del Partido Liberal y se la jugó con la UP. Estas eran las reglas con las que este ilustre educador resolvía los conflictos. Buen ejemplo para los miles de estudiantes que han pasado por la Universidad Cooperativa. Pero hay más. César Pérez García está también inhabilitado, por quince años, para ejercer cargos públicos. La Procuraduría lo sancionó por violar el régimen de habilidades al presentarse a la elección, ser elegido y posesionarse como diputado de la Asamblea de Antioquia para el período 2008-2011, a pesar de haber perdido la investidura como congresista el 20 de enero de 1994. También fue condenado a 9 años de cárcel por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, por hechos ocurridos cuando ejerció como Presidente de la Asamblea en 1998. Hasta pocos días antes de que la Corte reabriera la investigación que lo llevó a la cárcel por esta cruel masacre, el rector-propietario mandaba en su enorme universidad. Un supuesto educador que está en las antípodas de los maestros de bien, cada vez más escasos y tan vilipendiados como necesarios en una sociedad que todo lo ha ido volviendo negocio.