El precio de la justicia

Pagó 30 años de cárcel y a comienzos de esta semana fue declarado inocente. Hoy tiene 51 años y en 1980 recibió una sentencia de 75 años acusado de violación y robo a una mujer que entonces tenía 26 años. Una prueba de ADN ratificó su inocencia del cargo principal de agresión sexual. El hombre se llama Cornelius Duprée y el caso sucedió en Texas, Estados Unidos. Éste habría incluso podido reducir el tiempo de reclusión en dos ocasiones y haber alcanzado su libertad bajo palabra, si hubiese aceptado un cargo de intimidación sin violación. Pero Cornelius no aceptó que lo acusaran por un delito que nunca cometió y se obstinó en demostrar su inocencia. Hasta que lo logró. En la audiencia de exoneración se presentaron las pruebas de ADN que la justicia texana había rehusado practicar en varias ocasiones y que tuvo que hacerlo gracias a la presión de una interesantísima fundación conocida como Inocence Project (Proyecto Inocencia). El de Duprée no es el único caso. Se han registrado otros dos sentenciados por delitos que no cometieron: James Bain purgó 35 años de prisión en Florida y Lawrence McKinney pagó 31 años en Tenesee. Toda una vida en la cárcel. Ellos también lograron la libertad gracias a la utilización de pruebas de ADN en el proceso de revisión de sus condenas, por la presión del Inocence Project de Nueva York, una ONG especializada en el estudio y defensa de condenados por equivocación. El trabajo del Proyecto Inocencia pone el dedo en la llaga de la paradoja que puede ser la injusticia de la Justicia, cuando gente inocente no logra romper la dialéctica perversa de muchos acusadores que fungen de jueces y cuyo poder define la vida de los acusados. Casos como el de Duprée y los otros dos condenados, son frecuentes en las cárceles colombianas. El enorme atraso del sistema judicial colombiano permite que haya muchos inocentes detenidos y culpables libres. Y no sólo por casos de asesinatos culposos, sino del cáncer que corroe nuestra sociedad: la corrupción. Da rabia verlos campantes por las calles, acumulando dinero con un cinismo desafiante, desvergonzados, seguros de tener el poder para controlar todo y seguir impunes por la vida. La Fiscalía General de la Nación que nació con la Constitución del 91 ha tenido una historia triste, de mucha frustración y sin sabores. No ha sido el ente rector al que el país le apostó. Ha defraudado y hay que decirlo sin pudor. Este escenario de una Justicia deficiente es el que encontrará la nueva fiscal general, Viviane Morales, el próximo 12 de enero, día de su posesión. Y ella lo sabe. Ha cambiado la cúpula de la entidad y se propone emprender un verdadero plan de choque que saque a la Justicia del atolladero y de la retórica de las promesas incumplidas. Es mucha la confianza que se le ha depositado y su condición de mujer, aplicada y serena, con un carácter férreo forjado a prueba de tesón, es una garantía. Asumirá uno de esos desafíos que le pone la vida a las personas cuando menos lo esperan, como es el caso suyo, una abogada constitucionalista que llega al cargo sin haberlo buscado, gracias, en buena parte, a la intervención convincente frente a la Corte Suprema de Justicia en la que presentó su visión de la Justicia y de las urgencias del país. Que ojalá logre cumplir.