El gran confundidor

El país tiene por qué estar reconocido con el presidente Uribe por sus logros en seguridad, pero en materia de construcción de valores, que debe ser la prioridad de todo gobernante, se raja y sin apelación. Es campeón de la doble moral. Mientras que alardeaba con su discurso de lucha sin cuartel contra la corrupción y la politiquería, ministros y funcionarios, con el Presidente a la cabeza, utilizaron con descaro el atajo como estilo de gobierno. Atajo para tramitar leyes en el Congreso a golpe de manzanilla, de nombramientos y prebendas. Nunca antes, la clase política y sus insignes representantes en el Congreso habían sido tan descaradamente saciados en su viejo e infinito apetito burocrático. Se vivió en estos ocho años una verdadera danza de recomendaciones, intrigas y nombramientos estrictamente políticos. Igual sucedió con la contratación pública entregada, mucha, con criterios también políticos o amiguistas, verdaderos carteles que rondan todo el territorio nacional. Y todo abrigado por el manto tan retórico como confundidor de la transparencia.El ‘todo se vale’ se convirtió en la guía del comportamiento público. Lo aplicó Luis Guillermo Giraldo en la campaña de recolección de firmas del referendo reeleccionista, cometiendo irregularidades que el mismo contador y los integrantes del comité ahora reconocen. Lo aplicaron los miembros de las fuerzas militares acusados de seguir la perversa estrategia de los falsos positivos para lograr ascensos, monstruosidad sin nombre que fue favorecida, por no decir estimulada, por la política de recompensas que afanosa e improvisadamente impulsa la búsqueda de resultados a cualquier precio y que ha logrado acrecentar la confusión de la ética ciudadana colombiana. Pero el ejemplo más claro, sencillo y diciente de lo dicho y del efecto desorientador surgido de la Casa de Nariño y en muchos casos del mismo Presidente de la República, es la condecoración que recibió de manos del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, durante un consejo comunitario celebrado en Cali, el sábado pasado. Abadía, descarada y provocadoramente, aprovechó el respiro que le dio la leguleyada del Consejo de la Judicatura, para sacarse el clavo. El Presidente se prestó y con ello lo legitimó, como lo ha hecho durante los dos años largos de la gobernación de Abadía, en los que éste ha jugado el papel de alumno aplicado especialmente en lo referente a mañas y atajos en perjuicio de la región, de sus gentes y su futuro. Con su gesto, de un plumazo, Álvaro Uribe descalificó la batalla jurídica que libra la Procuraduría con el Consejo Superior de la Judicatura para hacer respetar su dignidad institucional y el ámbito de sus competencias como órgano de control de los funcionarios públicos. Confundir y confundir empleando para ello las palancas y recursos del poder sin duda le ha proporcionado al presidente Uribe en sus ocho años de Gobierno, dividendos políticos y apoyos en la opinión pública que redundan en altos índices de aceptación en las encuestas, pero ha sido nefasto en términos del país, especialmente en la inaplazable tarea de construir ciudadanía, base de cualquier sociedad democrática. El daño es grande, aunque muchos aún no lo quieran ver o aceptar.