El golpe a la corte de los intocables

Marzo 13, 2015 - 12:00 a.m. Por: María Elvira Bonilla

La Corte Constitucional era vista como la corte de las cortes y parecía una institución a prueba de todo que le daba al ciudadano tranquilidad y confianza. Fue creada para ser la gran veedora de la Constitución del 91 que rige la vida de los ciudadanos colombianos. Si bien las mediciones colocan a la Justicia en unos niveles de confianza y credibilidad inferiores a los del Congreso, que es mucho decir, la Constitucional parecía salvarse de esta tormenta de frustraciones y decepción que azota a la rama judicial colombiana.El desprestigio no es gratuito. Los ciudadanos, quienes suelen no equivocarse en sus percepciones, se han percatado de las inequidades, de la politización, del choque de trenes, del tráfico de influencias y del superpoder que se abrogan para resolver todo tipo de situación, y terminaron castigándolas. Se ha visto de todo: el carrusel de las pensiones para favorecerse a sí mismos, los cruceros judiciales, el paso de ocupar cargos en las magistraturas a las asesorías privadas, quienes terminaron abusando de su red de relaciones dentro de poder judicial por las que cobran millones a quienes solicitan sus servicios, práctica que quedó en evidencia con el cuestionado comportamiento del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.Todo se había ido digiriendo, hasta el explosivo caso del propio presidente de la corporación, Jorge Pretelt, que dejó en claro que la Corte Constitucional no es tan invulnerable como se creía. Nació con varios pecados originales entre los cuales el más significativo es el de la selección discrecional de tutelas. He ahí la grieta de la corrupción.Los magistrados tienen la facultad de escoger, a su criterio, que tutela revisan y con esto se les abre la compuerta al tráfico de influencias y a la circulación de dinero para obtener resultados. Y es donde los lobistas pueden hacer fiesta. Los magistrados que no actúan con rectitud, atrapados en la enfermedad de la corrupción que corroe nuestro tiempo, pueden recibir dinero para seleccionar la tutela aunque, como ocurrió con la de Fidupetróleo, no garanticen el resultado final. Pueden cobrar por la selección.A la Corte llegan mensualmente más de veinte mil tutelas, entre las cuales se escogen para revisión alrededor de cinco por cada mil. En estas condiciones, obtener la selección de un expediente para revisión de la Corte se convirtió en un verdadero privilegio y en una posibilidad para el uso de influencias, el pago de favores o corrupciones mayores. No es de extrañar que el caso de Jorge Pretelt no haya sido el único y que en el pasado existieran situaciones similares que se quedaron en el peligroso y poderoso corrillo de los abogados.Otro de los pecados originales, para citar apenas dos, es la obligación de la Corte de participar en la escogencia de funcionarios con responsabilidad de control y de escrutinio como es el caso del Registrador, el Procurador, el Contralor y el Defensor del Pueblo. La práctica de estas décadas ha mostrado que los magistrados de esta Corte no se han lucido por la pulcritud, la neutralidad y equilibrio y que a la hora de nominar para conformar las ternas que termina escogiendo el Congreso se han dejado contaminar de los nefastos comportamientos políticos que tienen ahogada la democracia colombiana. Las alarmas están prendidas.

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