El descaro pensional

Entre los 600 parlamentarios que reciben megapensiones superiores a los $25 millones mensuales a través del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, hay muchos, muchos más de los que cualquier país del mundo desearía, que no han hecho la tarea. O la han hecho mal o incluso se han aprovechado de sus cargos para actuar ilegalmente o consiguieron las curules aliados con grupos armados. De ese ‘selecto’ grupo forman parte los congresistas parapolíticos, los condenados o investigados por corrupción, y los perezosos cuyos nombres nadie recuerda, que no asistían a las sesiones o cuando lo hacían no abrían la boca, se limitaban a esperar que el reloj corriera para bostezar y asegurar la volada vespertina. Todos ellos junto a los funcionarios de la rama Judicial y los directivos de los organismos de control (por algo el Procurador y la Contralora pasaron de agache en la polémica y el recién nombrado Presidente del Consejo salió a defender su pensión -8 colegas suyos están ad portas de pensionarse-) suman 1032 privilegiados, que le cuestan a las finanzas públicas varios miles de millones. Pero hay algo que da aún más rabia: la pensión que recibe cada uno de ellos la subsidiamos el resto de ciudadanos, en un 70%. Las cotizaciones que éstos han hecho a lo largo de su vida laboral no superan el 30%, de manera que si hubiera un tratamiento justo, sin excepcionalidades, no estarían recibiendo más de $8 millones de pensión. El regalo mensual, por cuenta de la legislación armada por ellos mismos para asegurarse la cuantiosa jubilación, oscila entre los $12 y $15 millones, llegando incluso a los $20. ¿A cuenta de qué? Es imposible pensar en una inequidad mayor. La Corte Constitucional cuenta con los elementos para ponerle freno a este descaro y tiene el poder no sólo para ordenar un tope definitivo no superior a los 25 salarios mínimos, sino el de exigir la revisión de cada expediente de manera que aquellas pensiones que hayan sido liquidadas de manera irregular, con vacaciones y viáticos incluidos, y cuanta triquiñuela aprendida en la marrullería congresional, sean reversadas y el dinero devuelto. Son derechos adquiridos, pero de mala manera, con trampa y con mentiras. El contraste con la realidad y las expectativas pensionales que enfrenta el colombiano de a pie que debe trabajar duro y parejo para ganársela y aun así sólo uno de cada seis millones colombianos con edad para jubilarse, lo está efectivamente y 90 % de estos con mini pensiones que están entre los $566.700 y los $2.200.000, es monumental. Hay quienes reciben lo que no se merecen y otros menos de lo que les corresponde y una inmensa mayoría ni eso.El tema amerita tomarse en serio y la ponencia del magistrado Jorge Petrelt tiene en cuenta muchas de estas consideraciones. Una pelea difícil de ganar, pero con que se lograra limitar el tope se habría dado un paso fundamental para abrirle camino a la reforma pensional que inicia su trámite. Sin embargo confieso sin pudor que cuando pienso en aquellos congresistas, que estamos subsidiando con nuestro trabajo sus mal habidas mesadas, muchos de ellos en la cárcel, me lleno de una ira e impotencia que ojalá le llegue al oído de la Corte Constitucional.