El cáncer de la contratación

Septiembre 10, 2010 - 12:00 a.m. Por: María Elvira Bonilla

Nada les duele más a los ciudadanos de bien, que es la mayor parte de la población, que la apropiación de los dineros públicos por particulares, que se traduce en una palabra: corrupción. El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó esta semana un nuevo estatuto anticorrupción que, en palabras suyas, promete tener los dientes necesarios para frenar esta práctica que le cuesta al país dos billones de pesos anuales, según la Contraloría. Duele, porque de no ser por la corrupción, el escenario del país sería otro, con más desarrollo, con más equidad, con menos pobreza. Es un cáncer comparable a la guerrilla y a todas las formas de violencia que ha padecido el país. El estatuto parece ser novedoso en un punto: buscará comprometer penalmente con igual severidad a los que pecan y a quienes pagan por la peca. Un camino de dos vías con igual responsabilidad. En esa línea están las últimas actuaciones de la Fiscalía encaminadas a frenar el cartel de la contratación de Bogotá, dirigidas contra el contralor de la capital, Miguel Ángel Russi, el representante a la cámara Plinio Olano y los propietarios del grupo Nule, Miguel y Guido, una de las principales firmas de ingeniera del país, quienes serán recordados por sus abusos y desmanes en los procesos de licitación y contratación de obra pública. Detrás de todo parece estar Iván Moreno, el hermano del alcalde, Samuel Moreno, con su energía y poder focalizados en los negocios. Menudo costo el que ha pagado el Polo por el descalabro en Bogotá, por cuenta de los hermanos Moreno quienes se cobijaron en el naciente partido de izquierda, sin convicción política ni afinidades de propósito, sino con simples motivaciones electorales.El Estatuto Anticorrupción tiene que arrebatarle la contratación pública al clientelismo y esa corrupción que empieza en las administraciones locales con carteles incrustados en las administraciones de ciudades y departamentos, como lo vivido en el Valle del Cauca, que presenta una situación calamitosa complicada de enderezar.Los vacíos normativos existentes, de los que nadie habla, permiten las complicidades entre los funcionarios que contratan y los contratistas particulares, que el Estatuto piensa enfrentar. Se amparan formalmente en licitaciones públicas amañadas desde la formulación misma de unos pliegos de condiciones plagados de incisos para limitar la competencia transparente de proponentes. Condiciones escritas en letra menuda direccionadas desde la formulación misma. Esto se solucionaría con unos pliegos universales, unificados y simplificados que impidan la escogencia a dedo del contratista, arropado en la farsa y la parafernalia de concursos y licitaciones, finalmente amañadas.Se ha hablado de cuerpos especiales anticorrupción, de condenas agravadas a funcionarios públicos involucrados y a contratistas abusivos. Además de legislación se requiere de un cambio de actitud de la sociedad todo como el que se expresó de manera incipiente en la ola verde que terminó en tanta frustración. Se esperan acciones concretas que se atraviesen en el camino que hoy es una autopista normativa construida para favorecer unos pocos escogidos cuya riqueza crece con voracidad.

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