Cartas sobre la mesa

Finalmente ha quedado clara la posición de las Farc respecto al más difícil de los temas de los que se negocian en La Habana: su responsabilidad en el conflicto y las penas que están dispuestas a pagar. Habló su asesor jurídico de cabecera, el español Enrique Santiago, experto en derecho internacional humanitario y en el Estatuto de Roma. Santiago acompañó al juez Baltasar Garzón en la firma, como parte de la Audiencia Nacional de España, de la orden de detención del dictador Augusto Pinochet, en concordancia con los dictámenes de la Corte Penal Internacional para el juzgamiento y castigo de quienes cometan genocidio, crímenes contra la humanidad o de guerra, que Colombia también acogió en el 2002. Poner las cartas sobre la mesa permite saber a qué atenerse e irse preparando para reconocer realidades que pueden resultar difíciles de aceptar. Para los ilusos que creen que, después de la firma de un acuerdo, los comandantes guerrilleros que no han sido derrotados en el campo de batalla van a salir esposados para la cárcel, es bueno que vayan enterrando ese sueño. Porque eso no va a suceder. Enrique Santiago insiste como eje de planteamiento que en el conflicto colombiano hay una responsabilidad compartida entre Estado, guerrilla y sectores de la sociedad. Santiago habló de una simetría que involucra en estos 60 años de confrontación a las Farc, pero también al Estado representado no solo en la institución militar sino en quienes dieron las órdenes que ascendiendo en la cadena de mando llega hasta presidentes, ministros, funcionarios y dirigentes del sector privado. Para la justicia universal –y para la colombiana-, todas las personas son equiparables bien sea desde la ilegalidad o desde una supuesta legalidad. Para mayor claridad, bien vale poner en sus palabras algunas de las más polémicas afirmaciones: “A cambio de verdad completa, exhaustiva y detallada se deben acordar sanciones que reparen y restituyan a las víctimas… creer que la única sanción es la cárcel, es un concepto medieval”.“Pero si ha de haber un solo día de cárcel que sea para todos los responsables. Las Farc no reclaman impunidad/amnistía para la guerrilla sino igual trato para todos los responsables, con el Estado a la cabeza. Es un asunto político y no meramente jurídico”. “Representantes de empresas deben comparecer ante ese mecanismo extrajudicial y explicar cómo se organizó el paramilitarismo, quién financió el paramilitarismo, qué acuerdos había con políticos… para que la sociedad sepa cómo sucedieron masacres durante días enteros, sin que se registrara un solo combate entre FF.MM. y paramilitares, alguien tendrá que explicar eso en algún momento”.“Lo que no puede pretender el Estado es ganar en la mesa de conversaciones batallas que no ha sido capaz de ganar en el campo de batalla, ni en terreno estrictamente militar; pero además esto hay que orientarlo desde el punto de vista de una justicia prospectiva; donde lo que se trata es de garantizarle a las futuras generaciones de colombianos que el conflicto se cierra de una vez por todas y que se establezcan los suficientemente sólidos mecanismos de no repetición como para que las futuras generaciones colombianas no tengan que volver a padecer los horrores de un conflicto interno”. Hablar claro tiene sus ventajas.