Billete en las elecciones regionales

Noviembre 06, 2015 - 12:00 a.m. Por: María Elvira Bonilla

La base de la pirámide del Estado colombiano está torcida. En la manera como se eligen alcaldes y gobernadores, concejos y asambleas se empieza a inocular los vicios, las manías, las deformaciones y aquel nefasto comportamiento que suele volverse habito: el aprovechamiento de los recursos públicos con fines personales; es decir la corrupción.A partir de una documentación fáctica, el analista Ariel Ávila realizó una radiografía, que aquí retomo, de la manera como está diseñada la arquitectura institucional en municipios y departamentos con su perversa dinámica de la que los gobernantes elegidos difícilmente logran escapar a la hora de gobernar.Para empezar, quien quiera aspirar a una alcaldía o gobernación debe buscar el aval de un partido político o lanzarse a la aventura de la recolección de firmas. El presupuesto de arranque no puede ser inferior a los $600 millones y puede superar los $5 mil millones, dependiendo de la importancia de la ciudad, el botín presupuestal en juego y los acuerdos previos a los que se debe llegar. Los topes en los gastos es una formalidad fácil de burlar.El aval no es gratis ni llega como producto de meritocracia alguna. Los curubitos de los partidos en Bogotá toman la última decisión pero mediados por muchas presiones. Un aval entre un posible candidato y el barón electoral de su región -que generalmente es un congresista- es negociado con cargos burocráticos y con transacciones que se traducen en apoyo a ese senador o representante para su futura reelección. Con el aval en la mano empieza la recolección de la plata, generalmente proveniente de tres fuentes: empresarios privados o contratistas; recursos públicos a través de alcaldes y gobernadores que apoyan al candidato con lo cual imponen sucesor, y en el peor escenario, dineros provenientes de negocios ilícitos -contrabando, juegos de azar, narcotráfico, minería ilegal-. Se dan los casos en que los recursos provienen del patrimonio personal del candidato o de préstamos bancarios.La administración municipal arranca pues bastante empeñada. El socio político no tarda en reclamar cargos burocráticos y sus financiadores contratos. La costumbre establecida regula la comisión entre el 5 % y 25 % del valor del contrato. Con los recursos públicos se pagan las deudas de campaña.Viene luego viene el tema de la gobernabilidad. Para poner a marchar un gobierno se requieren de unas mayorías en el concejo o la asamblea que solo se consiguen transando; con cargos burocráticos o contratos. La práctica ha demostrado que la persuasión y el debate de ideas y proyectos de conveniencia ciudadana como mecanismo legislativo es una utopía porque la gobernabilidad tiene un costo. Y alto.La estructura electoral opera de una manera tal que desde su posesión el gobernante esté capturado, maniatado para gobernar por poderosos y a veces oscuros intereses económicos. Ese obligatorio respaldo millonario que se requiere para llegar a una alcaldía o a una gobernación desnaturaliza al ejercicio electoral e imposibilita la competencia democrática transparente y limpia. Un círculo vicioso que solo puede romperlo la financiación estatal integral de las campañas para que el factor billete deje de decidir y la política vuelva a ser la más noble actividad de una sociedad.

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