Sin prescripción

Hace pocos días después de doce años culminó en el Reino Unido el más largo y costoso proceso jurídico en la historia del país, la ‘Investigación Saville’, relacionada con los hechos ocurridos en la ciudad norirlandesa de Londonderry el día 30 de enero de 1972, conocidos como el ‘Domingo sangriento’. Ese día, en lo más álgido de la lucha del Ejército Republicano Irlandés contra la dominación británica, murieron trece manifestantes, varios adolecentes, por disparos hechos por el Ejército inglés que en aquel año ocupaba la provincia. La primera investigación hecha por Lord Widgery, comisionada por el gobierno de Edward Heat, aceptó la versión de los militares que miembros del IRA camuflados dentro de los manifestantes habían disparado primero, contrariando las numerosas versiones de testigos que negaron que se hubieran producido disparos por parte de los participantes en la marcha.Ante las protestas que por años realizaron los familiares de las víctimas y ONG de derechos humanos, se reabrió el caso en 1998 por parte de Tony Blair nombrando a Lord Saville en cabeza de la mencionada comisión, la cual entrevistó centenares de soldados, civiles, periodistas y fotógrafos y concluyó que los muertos fueron civiles desarmados. El nuevo primer ministro David Cameron pidió perdón a las familias y ahora se abre la posibilidad de que a los soldados se les abra investigación penal.Este caso sin duda evoca los hechos del Palacio de Justicia y la reciente condena a 30 años de cárcel impuesta por una juez al coronel Plaza Vega y las investigaciones al general Arias Cabrales y al mismo presidente Betancur. Al igual que en el caso inglés, las primeras investigaciones que se hicieron posterior a los hechos, absolvieron al Ejército colombiano. Esto casos no tienen relación con dictaduras que se auto amnistiaron como la argentina o la chilena, sino con democracias luchando contra organizaciones no estatales, y hasta donde pueden llegar sus fuerzas armadas en esta lucha. Lo más notable es que se está juzgando retroactivamente bajo una jurisdicción que pudo no haber existido al momento que los hechos ocurrieron y bajo un entorno internacional mucho menos tolerante, así sea con hechos del pasado.El Estatuto de Roma que dio origen el Tribunal Penal Internacional data de 1998, muy posterior a los hechos arriba mencionados, sin embargo su espíritu parece estar presente tanto en el caso irlandés como en el colombiano. Y seguramente eventos similares ocurridos hace varias décadas podrían sufrir la misma suerte y ser reabiertos. La matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en México en 1968 por parte del gobierno de Díaz Ordaz y su ministro de gobierno Luis Echeverría es otro caso en el cual inicialmente se le dio entierro jurídico, pero posteriormente por presiones de las víctimas fue reabierto en 1997 por el Congreso mexicano. En 2006, con la culminación de las investigaciones y las audiencias, 55 soldados y paramilitares fueron condenados, aunque los políticos, incluido Echeverría, fueron exonerados.Esta nueva realidad, tal como se ha visto en Colombia con el caso del coronel Plazas Vega, genera fuertes polémicas al interior de las sociedades, cierra unas heridas a la vez que abre otras y genera una espesa atmósfera de incertidumbre, en casos en que todas las partes creen fielmente en tener la razón.