¿Golpe o democracia?

Abril 20, 2016 - 12:00 a.m. Por: Marcos Peckel

Tras meses de incertidumbre lacámara baja en Brasil aprobó finalmente el ‘impeachment’ de la presidente Dilma Rousseff, dejando en manos del Senado la separación definitiva del cargo de la mandataria elegida para su segundo periodo en unas reñidas elecciones en 2014. Tras ires y venires el Congreso Nacional obtuvo luz verde por parte del Tribunal Supremo para proceder con el juicio de destitución en el que se acusa a la mandataria de ‘maquillar’ las cuentas del Estado. Todo en medio de un colosal escándalo de corrupción centrado en la saqueada estatal Petrobras que ha enviado a prisión a decenas de políticos, empresarios y funcionarios.En 2012 una situación similar ocurrió en Paraguay cuando la cámara de diputados destituyó al entonces presidente Fernando Lugo tras un juicio sumario en el Legislativo, acusándolo de “responsabilidad política” por unos enfrentamientos violentos entre policías y campesinos en la provincia de Canindeyú.Para la izquierda, corriente ideológica con la que se identifican ambos mandatarios, se trata de sendos golpes de Estado camuflados en dudosas argucias constitucionales en los que violentó el debido proceso. Para aquellos que emprendieron los juicios, partidos políticos y otros, se trata de herramientas jurídicas legítimas establecidas en la constitución para que los gobernantes respondan por sus actos incluso pagando con su cargo.Como no se trata de los clásicos golpes de Estado llevados a cabo por generales de charretera y bigote el último de los cuales sucedió en Honduras en 2009, el debate gira alrededor de si las destituciones son justificadas dentro del marco legal y constitucional o si no son más que golpes de Estado solapados motivados por meros intereses políticos.Las constituciones de nuestros países están hechas para Estados con instituciones fuertes, separación de poderes y responsabilidad política, elementos de los que adolecen nuestros Estados. Incluyen cláusulas que permiten por diferentes mecanismos la separación temprana del cargo de un mandatario. Sin embargo, por estas latitudes los Estados son frágiles, están supeditados a intereses particulares y están dominados por elites que incluso cuando son suplantadas por otras tal como ocurrió en Venezuela, actúan como dueñas del país. La destitución de un mandatario en ejercicio termina dependiendo más de la correlación de fuerzas políticas que de transgresiones en el ejercicio del cargo. La permanencia en la primera magistratura de Colombia de Ernesto Samper es un ejemplo de correlación negativa de fuerzas para una destitución soportada sobre sólidas evidencias jurídicas y políticas.La excepción a esta regla fue quizás en el mismo Brasil cuando el exmandatario Fernando Color de Melo fue destituido tras un juicio similar al que enfrenta Dilma Rousseff, pero con acusaciones y pruebas de corrupción tan contundentes que no quedaba otro camino. De igual manera la reciente destitución en Guatemala de Otto Pérez Molina acusado de corrupción, sin embargo su caída obedece más a las fuerzas políticas que se alinearon en su contra que a los mismos hechos punibles.En Venezuela, país desinstitucionalizado, cooptado por una dictadura político-militar en cabeza de Nicolás Maduro, se ha iniciado en la Asamblea Nacional dominada por la oposición un proceso de remoción del cargo al mandatario. Sin embargo de darse la caída de Maduro, esta sería provocada por el mismo chavismo ávido de sobrevivir, no por un proceso constitucional ordenado. Por lo anterior existe en nuestros países una delgada línea entre los que es una destitución legítima y una política y para nuestras instituciones es un serio desafío distinguir entre las dos.

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