¡Qué relajo!

Demoraron años en conformar una Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazó el tristemente célebre Consejo Nacional de la Judicatura y eligen a un tipo que, luego de posesionarse se va a la Corte Suprema de Justicia a responder como acusado en un juicio que se le adelanta por corrupción. La moral de la mata de mora.

Y en la Defensoría del Pueblo eligen a un señor conocido por sus vínculos con el clientelismo feroz que tiene asiento en el Congreso. En seguida recibe las recomendaciones y nombra personajes de ese mundo sórdido que se quedó con la política en las regiones, entre los cuales está un condenado, a otro acusado de vínculos con el paramilitarismo y a uno más, pariente y recomendado por un senador condenado por las mismas razones.

En el caso de Juan Carlos Granados, ahora magistrado de la Comisión de Disciplina, no podía haber un peor ejemplo de cinismo. A pesar de que se conocía su vinculación al proceso que le sigue la Corte por unos contratos con Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá, pasó todos los filtros, fue ternado por el Presidente de la República y elegido de manera clamorosa en el Legislativo.

En olor de gloria y ya con la magistratura en el bolsillo, cruzó la Plaza de Bolívar y al entrar al Palacio de Justicia, quien debe vigilar la conducta de jueces y de abogados y sancionar a quienes cometan faltas y delitos era ya un acusado. ¿Qué pasa si a Granados lo condenan? ¿En qué queda la moral de la entidad que debe actuar como juez de los jueces y abogados? ¿No era necesario garantizar ante todo la transparencia en quienes ejercerán esa función?

El otro caso es peor. El señor Carlos Camargo es conocido por su trayectoria en la clientela política y como aspirante a todo. Presidente de una asociación de departamentos donde repartió contratos a discreción, quiso ser Registrador y como perdió se fue a buscar la Defensoría del Pueblo, institución definitiva para darle voz a quienes padecen la violencia, es decir casi toda Colombia, y necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.

Pues Camargo no posee ni la experiencia ni los conocimientos para ejercer ese cargo. Lo que si le sobra es capacidad para conseguir la inclusión en la terna que presentó el Gobierno y los votos en el Congreso a cambio de las cuotas en todo el territorio nacional. Lo de menos era defender el pueblo, lo de más es asegurar el puesto con la nómina.

El resultado: nombró a un señor Carlos Julio Manzano como defensor en Atlántico, quien, según Caracol Radio, fue “condenado en el año 2004, por estafa agravada y determinado de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato, falsedad material de empleado oficial en documento público y falsedad ideológica en documento público por el multimillonario desfalco de Foncolpuertos”.

La indignación de quienes rechazan que en una entidad creada para vigilar el respeto a la ley a la ética de jueces y abogados se elija a alguien enjuiciado por corrupción, no parece importar. A ese clientelismo que se apoderó del Estado le tiene sin cuidado que una función vital para defender los derechos de la gente en un país inundado de violencia se le entregue a alguien que no tiene ni idea de eso pero sí es un eficaz operador de la clientela.

Así se maneja el Estado en Colombia: de espaldas a los ciudadanos, moviendo las fichas debajo de la ruana para asegurar las miserias del poder y sin escuchar la voz de un país que rechaza tanta vagabundería.

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