Paciente terminal

Junio 10, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Si algo le ayudará al Gobierno a pasar a la historia es reconocer que el sistema de salud como está concebido es un rotundo fracaso. Y si algo le conseguirá el apoyo de los colombianos es demostrar que piensa en ellos por encima de los compromisos y los enredos que tiene con los ‘empresarios’ de la salud. La Ley 100 se aprobó en 1993 sobre el supuesto de que el crecimiento de la economía llevaría a eliminar el régimen subsidiado porque generaría el empleo suficiente para que la gran mayoría de la población pagara una contribución. También se dijo que la empresa privada es más eficiente que la pública, por lo cual los recursos públicos tendrían mayor efectividad en manos de entidades particulares que brotaron desde debajo de las piedras dizque para darle salud a los colombianos.Hoy, nada de eso se ha cumplido. Así se muestre como un logro que más del 90% de la población está supuestamente cubierta por el sistema de salud, lo cierto es que éste depende aún más del presupuesto nacional que no es suficiente para tapar los rotos. Con seguridad, quienes pretenden mantener el sistema no han tenido que enfrentar la maraña de intermediarios que se pelean los más de 28 billones de pesos que cada año salen del erario, y los más de veinte billones anuales que pagan los afiliados a la medicina prepagada, tratados como reyes cuando pagan y no reclaman, y como enemigos cuando se enferman. Esos personajes no saben el daño que le significa a la democracia el enjambre de EPS, ARP, IPS, secretarías, ministerios, invimas, y tanta parafernalia que explota el carácter de derecho fundamental que tiene la salud. ¿Quién puede negarlo? Nadie. Pero cuando ellos caigan en las garras de ese sistema cuyo único fin es generar utilidades aprovechando el caos del Estado para vigilar su funcionamiento, se darán cuenta del envilecimiento que padece la profesión de médico y entenderán que el único derecho que parece existir es el de quienes se apoderaron de la salud para enriquecerse. Por supuesto que hay excepciones. Pero cabe preguntar porqué fue posible que se montaran carruseles como el de Saludcoop o desastres como el de Caprecom, a pesar de tener cuanta cosa para vigilar que no se roben la plata de la salud. Y porqué se está muriendo la red hospitalaria en manos de la politiquería y la tolerancia con el incumplimiento de muchas EPS y del propio Estado en el pago de sus facturas. La gente se pregunta cómo es posible que los colombianos tengamos que pagar las drogas más caras del mundo mientras los ministros siguen discutiendo si intervenir el negocio atenta contra la libertad de empresa. Y porqué los laboratorios, sobre todo las multinacionales, tienen tal capacidad de influir en las decisiones sobre la salud, mientras muchos mueren por falta de recursos para satisfacer la voracidad de los mercaderes. Sin duda, la libertad de empresa es fundamental. Pero ya es hora de reconocer que el sistema de salud en Colombia es un paciente terminal porque salud y negocios no son compatibles, y que el afán de lucro reemplazó la obligación de prestar un servicio público. Por eso hay que rectificar antes de que se acabe la bonanza por la que atravesamos y tengamos que recortar los $28 billones que se gasta el Estado sin control, empeñado como está en demostrar que la Ley 100 es un éxito.

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