Otra crisis

Otra crisis

Octubre 01, 2017 - 02:55 p.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Un tribunal que no tiene reglamento, sede, funciones o respaldo en gran parte de la opinión pública. Y una Justicia Especial para la Paz que naufraga entre los desacuerdos de quienes se comprometieron a sacarla adelante.

El sistema de justicia transicional que se creó para juzgar a las Farc y luego se amplió para incluir a todo el mundo, es ante todo una decisión política que debería concitar el respaldo para que alcance sus objetivos.  Es decir, para que sirva para dejar atrás la violencia, sobre el supuesto de que se encontrará la verdad, se reconocerán las responsabilidades, se reparará en lo posible a las víctimas bajo el compromiso de no repetir las atrocidades.

Para ello, los miembros del tribunal deben generar el mayor respaldo posible a su alrededor. Sin embargo, y a juzgar por las reacciones que despertaron algunos de quienes fueron elegidos como sus integrantes, eso no será posible.

Todo indica que primó el reparto dirigido a satisfacer ambiciones y protagonismos de exministros en trance de celebridad y con marcada tendencia dentro de la política tradicional. Y se abrió la puerta para que ingresaran a él personas con reconocidas posiciones dirigidas a descalificar o a apoyar sectores que serán juzgados por ese tribunal. Allí perdió la JEP, porque muchos colombianos no estarán con sus fallos, aumentando la división en la sociedad.

Más grave aún es que los integrantes de esa novedosa jurisdicción hayan sido elegidos sin que ella exista, y la decisión de quienes realizaron la selección responda a repartijas regionales o a consideraciones distintas a sus capacidades para ser jueces justos e imparciales. Aunque ya haya sido aprobada, aún falta el fallo sobre su constitucionalidad. Y en el Congreso hace agua la ley reglamentaria, es decir, la que le da vida real, la que crea los cargos, establece los procedimientos, precisa los términos, fija sus responsabilidades y su duración.

Por ahora, la Justicia Especial de Paz es un cascarón vacío a la espera de una ley que está atrancada en el Congreso. A pesar de ello nombraron a los magistrados principales y suplentes en todos sus niveles, tienen hasta presidenta pero nadie sabe si son o no funcionarios, dónde se posesionan, cuándo empiezan a ejercer sus funciones y cuáles serán esas funciones. Tan grave es la cosa que el Presidente de la República anunció un decreto para tratar de resolver un problema ocasionado ante todo por la improvisación.

Y queda la ley reglamentaria mediante el Fast Track. Como la Corte Constitucional restableció el derecho de los congresistas a debatir y aportar en el trámite, y como ya estamos en la recta de las campañas para Congreso y Presidencia, la coalición de gobierno aceitada con la mermelada empezó a deshacerse. Además, en el cambio de Gabinete designaron ministro del Interior a alguien que no tiene la diabólica capacidad para urdir mangualas de su antecesor.

En consecuencia, la JEP puede hundirse y con ello el entramado de tribunales y de salas con las cuales se desconocerá la Justicia ordinaria para dar paso a la Justicia política. Algo muy grave para el Gobierno, para el santismo y para todos.

Preocupa entonces que a la crisis de la Justicia ordinaria deba sumarse la de la JEP, aún antes de iniciar sus labores. Y que sus promotores no sean capaces de construir el consenso necesario para lograr esa paz que nos han anunciado.

Sigue en Twitter @LuguireG

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