“Nadie lloró”

“Nadie lloró”

Agosto 02, 2015 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Mientras nos desgastamos en discusiones sobre el proceso de paz, los recursos públicos y la confianza en el Estado siguen en caída libre. Hasta que nos llegue la noche y, como en Venezuela, ya no podamos hacer nada por la democracia. El caso de Florencia, capital del Caquetá, es aterrador. La alcaldesa, que pocos meses antes había sido detenida por delitos contra la administración pública y puesta en libertad por un juez de esa ciudad, cayó de nuevo, acusada de pagar $800 millones a trece concejales para que autorizaran el endeudamiento de Florencia en $8000 millones. Todos recibieron la plata y estaba todo listo para echarle mano a los créditos. Hasta que un asesor jurídico detenido, contó los pormenores de la operación, tratando de negociar la pena con la Fiscalía. Con lo cual le echaron mano a la señora María Susana Portela, a su esposo y a diez de esos concejales. Una empresa criminal realizada en vísperas de elecciones para elegir los reemplazos de los personajes capturados. Y dirigida por quienes como la alcaldesa y su consorte son “prestantes miembros de la sociedad caqueteña”. Eso recuerda lo ocurrido en el Valle, donde el exgobernador Juan Carlos Abadía consiguió en un abrir y cerrar de ojos que la Asamblea Departamental le aprobara un proyecto dizque de vigencias futuras, con el cual embarcaría al Departamentos en una deuda que podría llegar a $1,5 billones. Era un endeudamiento disfrazado para obras que ni siquiera se conocían ni se sabía su costo. Por fortuna, Abadía fue destituido y su sucesor, Francisco Lourido, desmontó el negociado que al final le costó al Valle más de $16.000 millones. Pero nadie respondió por eso, ni los diputados que aprobaron un negocio ilegal, ni los funcionarios que desde la Gobernación lo propusieron y lo impulsaron, ni los tres contratistas involucrados en el asunto han sido investigados en seis años. Como dijo Rubén Blades en Pedro Navajas, “no hubo preguntas, nadie lloró”. A cambio, el señor Abadía se convirtió en jefe de la campaña de un aspirante a la alcaldía de Cali, con la anuencia y el respaldo de connotados dirigentes nacionales del liberalismo. En esos casos está reflejada la mezcla de corrupción y debilidad institucional para combatir lo que es una verdadera lacra social, y la peor amenaza contra el Estado. Una enfermedad endémica y mortal que se refleja en la poca credibilidad de los colombianos frente a su democracia. Ya no le creen ni al Congreso, ni al Ejecutivo y mucho menos a la Justicia.Es que llevamos cinco años con el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, sabemos todo el entramado y sus participantes, y los hermanos Moreno aún no han sido condenados. Es que soltaron a Alejandro Corridori, uno de los ladrones de Interbolsa, por vencimiento de términos, y nada pasa. Esos son otros de los miles ejemplos de burla y menosprecio, que se traducen en desmoralización de la sociedad e incentivo para que los ladrones se tomen los cargos públicos y los impuestos que pagamos. Si le preguntan a la gente cuál es el principal problema, con seguridad no dirá que es el diálogo con las Farc que no da resultados. A cambio se referirá al narcotráfico que ellas comandan y a la desmoralización que acaba con la fe en las instituciones de gobierno. Pero en Bogotá, el centralismo seguirá convencido de que hablando de desescalamiento y de posconflicto solucionará los problemas de un país amenazado por la gangrena de la corrupción.

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