Mala palabra

Enero 23, 2011 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Pronunciar la palabra tutela debería significar respeto por un recurso creado para poner a salvo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Infortunadamente, la palabra se ha convertido en el peor ejemplo de cómo un recurso necesario se convierte en instrumento para burlar la ley y acabar con la credibilidad de la Justicia.El caso más absurdo se produjo esta semana en Cartagena. Tras muchos años de debates, pruebas, procesos, recursos y apelaciones, el contratista Reginaldo Bray, uno de los grandes responsables por los contratos con Dragacol, fue condenado. Incluso, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó en diciembre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en una Sentencia de Casación. Es decir, se cumplieron todos los términos fijados por las normas y el señor fue enviado por siete años a la cárcel.Y apareció un Juez de Infancia y Adolescencia en Cartagena. Al tipo le presentaron una acción de tutela, argumentando que a Bryce no le habían notificado en debida forma la sentencia de la Corte, porque lo hicieron una vez iniciadas las vacaciones judiciales. Y el juececillo, ni corto ni perezoso, concedió la tutela, desconociendo los esfuerzos de la Justicia en demostrar la responsabilidad del procesado en un desfalco al tesoro público por más de $20.000 millones.Para nada le importó desconocer la actuación de jueces penales, de fiscales, de Tribunales o de la Corte. Para él, encargado de juzgar delitos cometidos por menores de edad, se había realizado un atropello. Ahora, los Magistrados se mecen los cabellos buscando la forma de impedir que triunfe la descarada maniobra. Y la opinión pública se pregunta por millonésima vez hasta cuándo la Justicia es burlada por los propios jueces y a favor de los delincuentes demostrados en procesos largos y dispendiosos.Lo mismo está ocurriendo con el gobernador del Magdalena, destituido por la Contraloría General al demostrar las irregularidades cometidas por él en la compra de kits escolares por miles de millones de pesos. Por increíble que parezca, fue reintegrado a su cargo con una tutela fallada por un juez penal de Santa Marta, mientras el Tribunal de Magdalena negó otra tutela en idéntico sentido. Es decir, la sentencia del juez desconoció la jurisprudencia, al mismo Tribunal y al sentido común. Es el mundo kafkiano creado con la tutela, ya no para garantizar la justicia sino para impedir que actúe. Un mundo que aprovecha el derecho como recurso para resolver los conflictos, y lo pone al servicio de causas torcidas, como ocurrió en el Valle para obstaculizar el retiro del gobernador destituido. Un mundo que destruye la credibilidad del Estado porque usa recursos en apariencia legítimos para lesionar el interés general, sin importar el enorme daño que le causa a la sociedad.Parece increíble que eso ocurra con frecuencia ya diaria. Lo patético es que esté sucediendo desde que la tutela fue creada por la Constitución de 1991, y que hoy, casi 20 años después, no haya forma de impedirlo. Y que los mismos Magistrados de los cuales se burlan los jueces municipales no hayan aceptado reformarla para detener semejante atropello contra el Derecho y la Justicia.Es entonces cuando empieza a explicarse por qué los colombianos creen tan poco en los órganos de Justicia.

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