La podredumbre

La podredumbre

Agosto 05, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

En los salones de la Cámara de Comercio de Cali sesiona un Tribunal de Arbitramento en el cual se puede completar el negocio que montaron alrededor de las vigencias futuras que se inventó Juan Carlos Abadía. Lo aberrante ahora es que los abogados que deberían defender al Valle se transformaron en testigos contra el Departamento. Y quienes como el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla deben conocer la obligación de proteger el patrimonio público de los embates de la corrupción, ahora justifican el despojo. Me explico. En el 2009, el gobernador Abadía firmó un contrato por $478 millones con el Consorcio Desarrollo del Valle, representado por Rodrigo Cerón y Cerón para la “estructuración técnica, legal y financiera” de las tristemente célebres vigencias futuras. Según el contrato, en caso de incumplimiento imputable al Departamento éste sólo debería pagar el 10% del valor pactado, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 12, denominada Penal Pecuniaria. Y los contratistas, no el Valle, deberían pagar la “comisión de éxito” de $13.000 millones.Esos son los límites acordados por las partes, por lo cual no cabe un Tribunal de Arbitramento sino, y acaso, una demanda ante la justicia ordinaria por $47.8 millones. Ese tribunal sólo operaría en caso de que hubiera una controversia entre las partes por su incumplimiento, o que la gobernación reconociera la necesidad de convocarlo. Lo primero no ocurrió por que el Departamento pagó lo que le correspondía, puesto que la comisión corría a cargo de los contratistas, según el parágrafo de la cláusula tercera. Y ocurrió lo segundo: como los contratistas no pudieron lograr el cierre financiero, Abadía los obligó a pagar el 40% de la comisión al estructurador para ampliarles el plazo. Pero éste no pudo cobrar el 60% restante porque la administración de Francisco Lourido logró desmontar el engendro. Entonces, la Secretaria Jurídica del destituido gobernador Useche, Martha Lucía Huertas Conde, le recomendó al consorcio de Cerón citar al Tribunal de Arbitramento. Con ello abrió la posibilidad de que el Valle sea obligado a pagar los $8.500 millones que deberían cancelar los contratistas de las vigencias futuras si hubieran coronado el espléndido negocio que hicieron con Abadía. Ahora, la abogada Huertas Conde es testigo del consorcio de Cerón en el Tribunal de Arbitramento que ella recomendó citar, mientras el abogado nombrado por Useche para representar al Departamento no asiste a las sesiones. Y aparece Alberto Carrasquilla testificando a favor de la empresa de Cerón. Es el ex ministro que integró la comisión de empalme de Useche junto con Hernando Morales, abogado de Juan Carlos Abadía y quien fue representante de uno de los consorcios a los cuales le adjudicaron las obras. En su concepto, Carrasquilla dice que el negocio era apenas bueno para los contratistas y que “los contratos no eran onerosos para el Departamento del Valle” (¡)Todo esto fue posible por la llegada de Useche a la Gobernación. Ese fue uno de los mandados que alcanzó a realizar antes de que lo destituyeran, asistido por abogados cuya misión no es defender el patrimonio de los vallecaucanos y por exministros a los cuales la ética les cabe en un bolsillo. Es la reaparición de la podredumbre que se aprovechó de la voluntad popular para saquear la gobernación del Valle.

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