La infame acta

Mayo 26, 2013 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

¿Cómo fue posible que el Municipio de Cali esté a punto de ser obligado a pagar $50.000 millones a SiCali, el esperpento que durante siete años manejó como quiso los impuestos de la ciudad? La historia la deberían contar el exacalde Jorge Iván Ospina su secretario de Hacienda Juan Carlos Botero y María del Pilar Cano, directora jurídica de la alcaldía en ese momento.Resulta que en el 2008, el Tribunal Contencioso del Valle declaró nulo por objeto ilícito el contrato con SiCali. Y que en cinco años el Consejo de Estado no se ha dignado revisar la sentencia del tribunal, a pesar de la importancia que tiene terminar un negocio que le causa daño al patrimonio público, lo que hubiera evitado la película que a continuación se narra. Película que empieza cuando, además de no acatar la ley 1386 de 2010 que ordena cancelar contratos como el de SiCali, Ospina ignoró los controles de advertencia de la Contraloría que lo conminaban a hacerlo. Después, SiCali presenta unas Pretensiones por $45.000millones que fueron rechazadas por el municipio en agosto de 2011. No obstante, en esas pretensiones se constituyó la base del arbitraje, el gobierno municipal supo el monto y se vislumbró el alcance de la demanda que Si Cali iba a instaurar ante el Tribunal de Arbitramento. Dos meses después, el 25 de octubre de 2011, tres meses antes de finalizar su mandato, el alcalde Ospina firma un acta de compromiso en la cual obligan al Municipio en un tribunal que de acuerdo con la cláusula 31 del contrato con Sicali debería resolver “Las divergencias que surjan durante la ejecución del objeto contractual”. Se supone que son TODAS las divergencias entre las partes.Pero eso no opera en esta singular acta. Según lo firmado por el Alcalde Ospina, su Secretario de Hacienda y su jefe jurídico, el Municipio renuncia a que el Tribunal revise todo lo concerniente a los incumplimientos de Sicali al contrato declarado ya nulo por el Contencioso Administrativo del Valle, aceptando que trate sólo las peticiones de Si Cali. Es decir, no sólo renuncia a la jurisdicción para resolver un conflicto que lesiona la soberanía fiscal del municipio, sino que acepta discutir sólo las peticiones de Sicali.Y permite que los miembros del tribunal sean pagados sólo por Si Cali, en un alarde de austeridad falsa que en la práctica le permite al contratista un ascendiente sobre el citado tribunal donde cada uno de los árbitros recibirá $150 millones. Y ocurrió lo que podía ocurrir: cuando el municipio pudo contestar, es decir cuando ya Ospina había salido de la alcaldía, sus reclamos fueron rechazados por la cláusula tercera de la infame acta de compromiso firmada por él.Así están entonces las cosas en un Tribunal donde Cali puede perder $50.000 millones. Y todo porque ni el Consejo de Estado falla sobre la nulidad del contrato ni el exalcalde Ospina quiso aplicar la ley que le ordenó cancelarlo, aceptando un acuerdo nefasto para Cali.Esa es una de las consecuencias que dejó el gobierno de Ospina, quien se ufana de su popularidad en las encuestas y se vanagloria con las 36 investigaciones que le abrió la Procuraduría. Pues bien, la número 37 debería ser sobre la consecuencia que le dejó al fisco municipal, es decir, al bolsillo de todos los caleños, si la ciudad es condenada a pagar por la infame acta de compromiso que el exalcalde firmó el 25 de octubre de 2011.

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