La burla

Julio 10, 2011 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

La novela de Acuavalle es un compendio de lo que acontece cuando la corrupción y el clientelismo se apoderan de las instituciones públicas mediante el voto. Es la repetición descarada de lo que padecen Cali y el Valle por permitir que sus instituciones de gobierno se conviertan en empresas al servicio de unos pocos. Durante muchos años, Acuavalle fue modelo de administración pública. Y si bien en algunos momentos se tomaron decisiones más próximas a la satisfacción de intereses políticos que al cuidado de su función primordial, siempre estuvo presente la intención de proteger la entidad, salvándola cuando atravesó circunstancias difíciles. En ese momento la actitud del sindicato fue ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe voluntad para preservar el servicio público. Hasta que llegaron Juan Carlos Abadía, sus socios y su séquito a la gobernación del Valle. Montados en más de 600.000 votos, el combo del MPU, de ADN, el PIN o lo que sea, se apoderó de los destinos departamentales. Y Acuavalle fue objetivo de sus intereses. Empezaron por tomarse su junta directiva, siguieron por nombrar un gerente y terminaron por negarse a entregar una entidad pública que no les pertenece. Para hacer el cuento breve, cuando Abadía fue destituido empezó a destaparse la fetidez de lo que acontece aún en Acuavalle. Ya se conoce el desastre financiero de la institución, se sabe de los contratos leoninos y rapaces que desmantelan la entidad. Y son de dominio público sus incumplimientos en el plan de aguas del Valle o en increíbles contratos en la Guajira, Córdoba y el sur de Bolívar. Como decimos los vallecaucanos, “gallina no tiene agua para beber pero invita al pato a nadar”.Pero no parece haber conciencia y se deja solo al Gobernador Lourido en su denuncia de las maniobras de Abadía & Martínez para mantener su dominio en Acuavalle. Primero se negaron a detener la licitación que entregó la entidad por unos pocos pesos y significará su ruina. Después repartieron contratos como los de la zona industrial de Acopi, que sonrojan al más ducho de los contratistas. Y ahora se aferran al poder, impidiendo que se posesione la junta directiva elegida por el 90% de los socios, mientras Álvaro Hernán Gasca, designado en el 2008 por Abadía como miembro de esa junta, asume su presidencia a pesar de ser condenado por la justicia e inhabilitado para ejercer funciones públicas. La última maniobra es grotesca: el señor Iván Valderrama fue suspendido como gerente de Acuavalle por la Procuraduría, para impedir que entorpeciera las investigaciones que hay en su contra y contra el combo del MPU, del ADN, del PIN o de lo que sea. Y ¡oh sorpresa! Cuando la revisoría externa fue a realizar una visita, fue recibida por el director de planeación de Acuavalle, el señor Iván Valderrama. Lo que ocurre en Acuavalle es una burla a la Procuraduría, al Valle, a la decencia, a la Ley. Es la culminación de la forma en que se pasan por la faja quienes usan la Ley y las elecciones para secuestrar las alcaldías y las gobernaciones. Ojalá, la apatía y la incapacidad para defender el patrimonio público no cubran de nuevo a esos personajes con el manto de la impunidad y la indiferencia. Por eso hay que asumir la obligación de usar el voto para impedir que las mafias clientelistas secuestren nuestros gobiernos.

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