La agonía del difunto

La agonía del difunto

Octubre 22, 2017 - 06:55 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Dentro de treinta y nueve días termina el plazo para el Fast Track. Y pese a las promesas quedarán en el aire la ley de tierras, la reforma política, la reglamentación de la Justicia Especial y otras con las cuales, dijeron, se llegaría a la paz.

Ya se sabe que las promesas fueron hojas que se llevó el viento. En la recta de las campañas para reelegirse en el Congreso y para la Presidencia, lo más peligroso es aparecer como aliado del presidente Santos. Peor aún, cuando a su gobierno se le acabó la mermelada de la cual viven los cientos de partiditos que conformaron la llamada Unidad Nacional.

Por eso boquea la ilegal reforma política que con ardor trata de impulsar el Ministro del Interior. Ni siquiera sus intentos por ampliar el plazo de aplicación de ese fast track tergiversando las leyes expedidas por el gobierno al cual pertenece servirán para salvar lo que ya huele a responso.

Esa promesa que aparecía en alguno de los numerales, literales e incisos del acuerdo de la Habana, fue convertida en un basilisco dirigido a permitir el transfuguismo que salvaría a los integrantes de la U, del Partido Liberal y del Conservador, a incluir las listas cerradas y a darle respiro a candidaturas que nacieron muertas como la del exministro Cristo.

Hoy, hasta Cristo apostata de su obra. Y con seguridad no será aprobada, pese a que fue aprovechada para incluirle un tribunal de aforados que no tiene nada que ver con el propósito original, aunque sí sirve para congraciarse con millones de colombianos hastiados de la corrupción. Por lo tanto, su muerte también es segura cuando llegue a la Corte Constitucional, salvo que los magistrados oficialistas atiendan la orden de aplicar criterios políticos y no la Justicia.

Pero lo más notorio es lo que está sucediendo con la ley de tierras, que causó alarmas por su tendencia y produjo la reacción de los sectores sensatos de esta Colombia ignorada. Hasta ahora, el proyecto también está al borde de la muerte puesto que se vence el plazo para tramitarlo vía fast track, como fue el compromiso con las Farc y nadie asegura que el Congreso la tramite el año entrante, en medio de las elecciones.

Y así hay otras leyes estatutarias o reformas constitucionales. Excepto la ley reglamentaria de las JEP, que será aprobada a pupitrazos, todas tendrán muerte de tercera porque la paz ya no es negocio para nadie; porque quienes la usaron para conseguir votos, presupuestos, contratos y reconocimientos, ya lo lograron; porque ahora estamos en otra película y el gobierno ya no tiene fuerza ni capacidad de maniobra ni interés para cumplir lo que prometió.

Entre tanto, el país presencia cómo crece el negocio con el reconocimiento del narcotráfico como delito conexo y las tales disidencias. Como lo dijo Diego Martínez en su columna, las Farc le deben a Colombia una explicación: ¿Cómo es posible que ‘Gentil Duarte’, su negociador plenipotenciario en La Habana, haya pasado de Cuba al Guaviare a manejar la disidencia con la mayor frescura? Agrego: ¿Qué están haciendo ‘Romaña’ en Tumaco y ‘El Paisa’ en el Putumayo, así como doña Piedad Córdoba con sus bloqueos humanitarios a la autoridad?

Un año después del conejo al Plebiscito, once meses después de la firma en el teatro Colón y de la ratificación por las mayorías oficialistas en el Congreso, el acuerdo por una paz duradera agoniza sin dolientes, mientras el narcotráfico destruye la tranquilidad de todos.

Sigue en Twitter @LuguireG

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