Justicia coja

Justicia coja

Noviembre 07, 2010 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

¿Quién dijo que administrar Justicia implicaba participar en la elección de funcionarios de tanto peso político como el Fiscal General de la Nación o el Contralor? Cuando usted resuelva esa pregunta se dará cuenta por qué la Justicia en Colombia anda en el estado en que está, mientras la gente se lamenta por la distancia entre los jueces y la realidad.Cuando se inventaron la Constitución de 1991, allí decidieron involucrar a las Cortes en la política más pura. O más impura si se quiere, porque les abrieron los apetitos burocráticos y clientelistas a quienes son escogidos para dictar justicia, y nada más. Alguien decidió entonces que la colaboración armónica de los poderes públicos no consistía en trabajar para beneficio de la Nación, sino en darle a los magistrados el poder de influir en decisiones muy ajenas a la jurisprudencia, así sea elegir al Fiscal.Fue una manera absurda de garantizar una supuesta armonía mediante la repartición del ponqué. Y se está pagando ahora. Es un secreto a voces el roscograma que existe ente Procuraduría, Fiscalía, Cortes, Tribunales. Allí se mezclan esposos, hermanos, parientes y recomendados creando una especie de casta privilegiada que pervive del “yo te elijo para que tú me nombres”. Con lo cual, la función pública de administrar Justicia pasó a un segundo plano, y el clientelismo se convirtió en protagonista, en tanto los fallos se anuncian en rueda de prensa aunque sus contenidos se conozcan cinco meses después.Y en la base, en los juzgados municipales o en las fiscalías locales, el ciudadano vive un drama absurdo por la falta de recursos, la Policía se declara impotente para combatir el delito ante un sistema acusatorio que no funciona y los funcionarios padecen el abandono de un Estado que se reparte en poder en la cúpula y se desentiende del desastre que produce la falta de justicia. Es el espectáculo de la impunidad, de los juicios que nunca terminan y de los derechos que jamás se reconocen, promoviendo la justicia por mano propia que destruye la legitimidad de un Estado de Derecho.Sin duda, la Corte Suprema ha hecho un gran servicio al país al castigar la parapolítica. Y la animosidad del ex presidente Álvaro Uribe convirtió en estrellas a jueces discutidos como don Yesid Ramírez, quien ahora reclama indemnización por las chuzadas del DAS, al más puro estilo de Íngrid Betancourt. Pero también es innegable la mediocridad en que cayeron los tribunales al involucrarlos en el clientelismo. Una mediocridad que no se tapa declarando delitos de lesa humanidad crímenes que naufragan en la impunidad y que nunca serán aclarados. O con proclamas como la del Presidente de la Corte Suprema, interino durante diez meses, quien aprovechó la toma del Palacio de Justicia para desviar la atención sobre la ineficacia de la administración de Justicia. ¿Acaso contribuirá en algo para conocer la verdad el que 25 años después de los hechos se condene de manera injusta al coronel Alfonso Plazas con pruebas débiles o se abran procesos contra el M-19?Infortunadamente, la nuestra es una Justicia coja, de espaldas al ciudadano, que se resiste a aceptar que ante todo es un servicio público y no una casta merecedora de tajada en la torta clientelista.

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