Historia infame

Noviembre 01, 2013 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Luego de años de incertidumbres y demandas, por fin Cali se pudo librar de la coyunda que le impuso la corrupción con el contrato mediante el cual le entregaron el manejo de sus impuestos a una sociedad extraña. Sin embargo los autores andan libres, mientras el Municipio debió pagar más de cien mil millones de pesos por algo que nunca debió ser realizado. SiCali se llamó el engendro. Y según se pudo conocer, en él estuvieron involucradas “empresas” en las cuales tenía intereses el paramilitarismo en la costa atlántica. Por obra y gracia de la inmoralidad que imperó aquí durante la alcaldía de Apolinar Salcedo y sus secuaces, a los caleños nos impusieron el mismo negocio que antes habían establecido en Malambo, Barranquilla y otras ciudades bajo el dominio de “Jorge 40”. La maniobra fue hecha a plena luz del día. Pretermitiendo todas las formalidades posibles, cambiando los pliegos de condiciones, copiando el objetivo social de la empresa a la cual le iban a entregar el negocio para convertirlo en el objeto del contrato, y saltándose los términos de manera descarada. Ninguna alerta sirvió para que cambiaran de proceder Salcedo, su Secretaria de Hacienda y el enjambre de áulicos interesados que permitió el entuerto. Era como si estuviéramos condenados al despojo y la denuncia que se hacía cayera en los oídos sordos de un Estado indolente y una sociedad que le dio la espalda a su administración municipal. Sólo la actuación de la Procuraduría y la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo evitaron que muriera en el silencio de la impunidad el latrocinio perpetrado gracias a la connivencia de una clase política hundida en la corrupción. Por eso fue destituido Apolinar Salcedo. Luego vino el alcalde Jorge Iván Ospina. Y tampoco pasó nada, a pesar de que él conocía el fallo del Tribunal que declaró ilegal el negociado impuesto contra viento y marea. Cuando el asunto llegó en apelación ante el Consejo de Estado, el gobierno de Ospina ni siquiera trató de defender a Cali de la celada permitida por su antecesor. Sólo una carta firmada por una abogada Ramírez, le pide “al Honorable Consejo de Estado, un pronunciamiento al respecto”. Ése fue el alegato de fondo del gobierno de Ospina: es decir, nada.Después, en octubre de 2011, vino la cláusula compromisoria con la cual el alcalde Ospina metió a a Cali en un tribunal de arbitramento con el cual pretendieron cobrarle $48.000 millones a la ciudad, en lugar de cumplir la orden de la Contraloría de terminar el contrato. Debieron pasar doce meses para que fuera cancelado por la administración de Rodrigo Guerrero, que ya estaba al borde de cuantiosas demandas cuando se produjo la sentencia de segunda instancia.Por fortuna, el mismo día y a la misma hora en que leían el laudo expedido por ese tribunal, se conoció la decisión del Consejo de Estado que confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Con ello terminó la pesadilla y se cayó el entramado urdido por abogados especializados en legalizar la corrupción. Sin embargo, una especie de amnesia impide conocer las razones por las cuales la Fiscalía General de la Nación nunca actuó contra quienes durante años tuvieron la administración municipal de Cali como su negocio particular.

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