Historia de la impunidad

Septiembre 22, 2013 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Diez y seis años y seis meses han pasado desde que un sicario asesinó a Gerardo Bedoya Borrero. Hoy, la impunidad del crimen es total porque ni siquiera la vergüenza ha movido a las autoridades, a los jueces y a los fiscales para hacer lo que todo el mundo espera de ellos: Justicia.Desde el momento mismo del asesinato, quienes tuvimos cercanía con Gerardo supimos que la investigación iba camino a la impunidad porque las autoridades de entonces se empeñaron en desviar la investigación planteando hipótesis absurdas e ignorando hechos protuberantes. Ni la Fiscalía en primer lugar, ni el DAS, ni el Ejército, ni la Policía se pusieron de acuerdo. O mejor, parecía que el acuerdo era buscar la manera de llevar las cosas a la nada.Es que las hipótesis, que involucraron desde su vida privada hasta sus relaciones familiares pasando por un “error” del sicario que se equivocó de víctima, fueron de un absurdo gigantesco. Y ningún investigador preguntó por lo que Gerardo había escrito contra el régimen, la corrupción y la financiación de la campaña de Ernesto Samper por el cartel de Cali. Y a ninguno se le ocurrió pensar que en la decisión de asesinarlo pudo pesar el que Bedoya hubiera sido tan cercano a Álvaro Gómez Hurtado, al punto que fue director alterno de El Siglo con el líder conservador. Es que todos estaban en función de defender al régimen más ilegítimo en la historia de Colombia, lo que implicaba negarse a vincular los asesinatos de Gerardo y de Gómez Hurtado. En esa dirección, les era imposible tener en cuenta los escritos del autor de la columna Textos. Porque si lo hubieran hecho, si hubieran leído el editorial del 24 de enero de 1996, titulado “El presidente debe renunciar” escrito en común con el director de entonces, Rodrigo Lloreda Caicedo, y donde este diario pedía el retiro de Samper por indigno, habrían encontrado una línea seria para orientar la caótica investigación, si no fuera porque estaba destinada a llegar a ninguna parte. Pero no lo hicieron y dejaron que el proceso languideciera en el más asombroso de los abandonos. Cuatro años después, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió que se reviviera el caso. Ya con un nuevo Fiscal General, el expediente fue trasladado de un oscuro despacho de Cali a la Unidad de Derechos Humanos de esa entidad. Entonces me visitó un Fiscal y quedó asombrado cuando le mostré los escritos de Gerardo contra el régimen de Samper y contra el narcotráfico. Y nada más. En el 2008, otro fiscal ordenó practicar nuevas pruebas que no se practicaron. Silencio total y cómplice que espera a que alguien se le ocurra declarar el crimen como de lesa humanidad para que la investigación no muera definitivamente. Pero, como ocurre con el asesinato de Gómez Hurtado o de centenares de periodistas, será un esfuerzo vano que no obstante permitirá mantener en la oscuridad la barbarie que los silenció y libres a sus autores. Ahora, la SIP recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la impunidad en el crimen de Gerardo. Pero todo será inútil porque esa corte deberá basarse en las actuaciones de nuestra Justicia. Actuaciones que no existieron para encontrar la verdad, si no para ocultar las razones de un crimen infame contra un hombre valiente que se atrevió a denunciar la porquería del régimen que mandaba en Colombia.

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