Estupefactos

Febrero 12, 2017 - 02:20 p.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

La Justicia del Brasil descubrió la maraña de corrupción de Odebrecht que se robaba todo y empezó por meter a sus autores a la cárcel. La de Estados Unidos ayudó a destapar el entramado y sus autores. El gobierno del Perú supo de las corruptelas, le canceló los contratos, la multó y un expresidente tiene orden internacional de captura. ¿Y nosotros?

Como dirían las señoras, nosotros consideramos el colmo tanto escándalo. Estamos aterrados. Anonadados. Atónitos. Perplejos. Condenamos, acusamos, señalamos, pedimos que “caiga todo el peso de la ley” sobre los corruptos. No nos importa que “caiga quien caiga”.
Y echamos mano del organismo más importante, más imparcial, más erudito, menos politizado, más “prístino y pulquérrimo” como decía un ministro de Ernesto Samper luego de descubrirse la financiación de la mafia. Después de afirmar que el otrosí de un contrato fue firmado en el 2016 y se hizo aparecer como si fuera del 2013, y de acusar a las campañas de los dos candidatos que disputaron la Presidencia de la República, el señor Fiscal llegó a la cumbre moral que deberá aclarar todo: el Consejo Nacional Electoral.

Mientras que en el Brasil tienen con un pie en la cárcel al expresidente Lula Da Silva por corrupción, y en el Perú ordenaron detener al expresidente Toledo por lo mismo y con los mismos, nosotros tenemos en la cárcel a uno que otro de los mandaderos de Odebrecht, que cantan de lo lindo. Nada más.

Pero nuestras autoridades están indignadas. Y la información que producen está dirigida, no a confirmar o a desmentir las delaciones como debería ser, sino a acabar de desvalorizar “su dicho”. Entre tanto, varios congresistas, uno de los cuales fue alcalde de Cali y aún no ha aclarado sus actuaciones en los contratos de las megaobras o los sobrecostos en la remodelación del estadio Pascual Guerrero, promueven un plebiscito “contra la corrupción”.

Y esas autoridades declaran su alarma porque un tribunal de arbitramento no falló un litigio entre el concesionario de la Ruta del Sol II, lo que significaría la terminación del contrato con Odebrecht y sus socios y la liberación de sanciones contra ellos, la forma más expedita para resolver muchos problemas aduciendo que es urgente seguir las obras. Nadie escucha lo que ellos dicen pero los condenan sin fórmula de juicio.

En resumen, los miembros del tribunal en cuestión afirman que los descubrimientos sobre la corrupción de Odebrecht en la adjudicación de ese tramo alteran la sustancia del negocio y de su actuación, porque vician el contrato desde su firma. En consecuencia, no pueden tomar esa decisión porque lo que se debe producir es una caducidad del contrato que ellos no pueden declarar, además de las sanciones, las inhabilidades y las devoluciones a que haya lugar, que ellos no pueden imponer.

Eso le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura y a las instancias del Estado. Pero ese Estado no actúa porque estamos perplejos, desmoralizados, deprimidos. Acusaron las campañas presidenciales y nos dejaron indignados. Y repito, nadie habla de la declaración del Fiscal sobre el contrato que se pactó en 2013, un año antes de las elecciones presidenciales, “pero según las evidencias de la Fiscalía fue elaborado físicamente y suscrito a mediados del 2016”.
Como hizo el presidente del Perú, ya deberíamos tener una decisión oficial que caduca todos los contratos de Odebrecht, le impone una sanción y la expulsa de Colombia. Pero no, estamos estupefactos.

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