El salto al vacío

El salto al vacío

Agosto 23, 2015 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Ya parece imposible entender lo que está pasando en Colombia con el bendito proceso de paz. El afán de protagonismo combinado con el afán de aprobar algo que nadie sabe qué es, están produciendo espectáculos lamentables. Ahora resulta que la culpa de la demora en lograr la firma es de la Constitución. Y que hay que inventarse no la manera de acatarla si no de crear un atajo para no cumplirla. Para ello se lanzan mensajes que en el fondo parecen dirigidos a evadir la consulta popular. Hace una semana, el presidente Santos lanzó el globo del congresito que aprobaría las reformas necesarias para que las Farc den el sí, empezando por aquella de hacerlas partícipes en la elaboración de las reformas y las nuevas leyes. Empezó entonces una rebelión, tímida y desabrida, de los partidos de la Unidad Nacional porque les usurpaban sus funciones, lo cual es cierto.La protesta fue desarmada cuando los llamaron al palacio de Nariño y les dijeron que de ellos dependía la foto final. Ahí aparecieron las nuevas lumbreras del derecho constitucional ofreciendo toda clase de formas de renunciar a su obligación de cumplir la Constitución, como crear una Comisión especial para sacar adelante las propuestas del gobierno en la cual estuvieran las Farc. Fórmulas originales que sin embargo no cumplen con los preceptos legales. Es que el Congreso no puede delegar su función de hacer las leyes porque es como declarar la muerte de la democracia. Por eso no puede entregar la capacidad de legislar al Presidente de la República, al estilo de las leyes habilitantes de Hugo Chávez en Venezuela. Ni puede crear comisiones en las cuales intervenga alguien extraño a los que fueron elegidos por los colombianos. Menos aún miembros de un grupo que no tiene ni el 1% de aceptación en Colombia. Así, no les queda sino legislar como Dios manda sobre los temas que les propongan. Y cumplir los plazos y los requisitos que mandan las leyes. Es decir, ocho votaciones en dos legislaturas y cumpliendo la unidad de materia. Además, deben ser cambios que no alteren la esencia de la Constitución, según jurisprudencias de la Corte Constitucional ampliamente conocidas. La otra forma es usar las formas de consulta popular autorizadas por la Carta. Lo cual no parece ser del agrado de los gobernantes, a juzgar por las maromas que están proponiendo, como reducir a una pequeña comisión lo que prometieron consultar a todos los ciudadanos. Al parecer esa promesa empieza a generar temores, porque la forma de actuar en La Habana crea resistencias y rechazos cada vez mayores entre los colombianos que deben votar la consulta prometida. Tampoco se puede actuar a la carrera y pasar por encima de la Constitución, argumentando que el Derecho no puede ser obstáculo para el proceso de La Habana, como reclama un señor Todd Howland, delegado de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Quién autorizó a ese señor a proponer que se desconozca nuestro ordenamiento jurídico? En resumen, si hay algún cambio constitucional, debe ser producido por los legisladores y por los colombianos, previo conocimiento de los cambios. Y existen unas formas que deben cumplirse, porque no se va a fundar un nuevo país sino reintegrar un grupo armado a la sociedad. De lo contrario, se estaría desconociendo la esencia de nuestro ordenamiento jurídico y dando un salto al vacío que desconoce la esencia misma del Estado de Derecho.

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