El precio del silencio

Agosto 26, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Además del daño que causa a la credibilidad de las instituciones y a quienes las dirigían durante sus años de vinculación a la Policía Nacional, el acuerdo del general Mauricio Santoyo con la justicia de los Estados Unidos vuelve a cubrir de vergüenza a una Nación que lleva décadas luchando para quitarse el estigma que le dejan como un Inri los escandalosos vínculos del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares con el Estado. Lo peor es la forma en que ha actuado la Justicia gringa. Como lo explicó a RCN radio Rik Díaz, ex abogado de Santoyo en los EEUU, el aceptar el arreglo y cambiar la acusación de narcotráfico por colaboración con un grupo terrorista demuestra que las pruebas contra el exgeneral eran débiles. Pero con ello abrió la posibilidad de acusar a las más altas dignidades del Estado de patrocinar el paramilitarismo.La primer damnificada por la confesión de Santoyo es la Policía Nacional. A los colombianos de a pie les parece sospechoso que nadie en esa institución, reconocida en el mundo por su eficiencia en el manejo de la inteligencia, se haya enterado de lo que el ahora reo de “vínculos con una organización terrorista” está reconociendo. Esa duda se devolverá como un boomerang contra esa Policía que ha recuperado el terreno perdido por los escándalos de corrupción y ha ganado el aprecio y la respetabilidad por su compromiso en el combate a todas las formas de crimen.Sigue el ex presidente Álvaro Uribe. O más precisamente, su gobierno, incluidos sus ministros de defensa, el DAS y los organismos de inteligencia y contra inteligencia que conforman la intrincada red de investigación, capaz de encontrar a los más poderosos mafiosos y a organizaciones criminales y guerrilleras. ¿Porqué, se pregunta cualquiera, no fueron capaces de detectar las andanzas de un oficial que fue cuestionado desde su paso por el Gaula en Antioquia?Llama la atención la forma en que Uribe está reaccionando. Con la rabia que al parecer se le volvió permanente, él insiste en responder cosas distintas a las que les preguntan los periodistas, como lo hacía cuando era presidente. Él debe saber que tiene grandes enemigos en el poder y por fuera, que andan detrás de quien cambió la política en Colombia. Y que atacar los diálogos de paz en momentos en que lo llenan de sospechas por quien fue su Jefe de Seguridad, sólo le causa daño a la buena imagen que de Uribe tienen millones de colombianos. Y continúa con la Procuraduría, que si bien lo destituyó por 50 de las más de 800 acusaciones de intervención ilegal de comunicaciones, lo hizo de manera apresurada, al punto en que el Consejo de Estado suspendió, que no anuló, la resolución de destitución. Nadie en su momento se preocupó por terminar el proceso y ahora Santoyo puede ganar una demanda de $270 millones por “daños materiales y perjuicios morales” causados por esa destitución. Es decir, volvemos a las épocas del proceso 8.000 y de Ernesto Samper, cuando a los colombianos nos decían que teníamos un “narcoestado”. Ahora nos dirán que tenemos un estado paramilitar. Ese es el precio que pagamos por los silencios cómplices que tratan de proteger a quienes pretenden ganar el poder a cualquier costo o quisieron derrotar a la guerrilla creando una máquina de violencia igual o peor. Es el precio de desconocer que la manera de ganar la guerra es fortaleciendo el Estado y la democracia.

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