El nuevo latir

Abril 03, 2011 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Años de violencia callejera y gobiernos de espaldas a la realidad social y al drama que viven los ciudadanos, tienen que desembocar en la crisis de seguridad que padecen los caleños. Lo que no se arregla apelando al narcotráfico como disculpa para eludir la responsabilidad del Gobierno Municipal en la sensación de impotencia que llena las calles de la ciudad. Por increíble que parezca, la decisión de entregarle a los ciudadanos la potestad de elegir sus alcaldes se convirtió en el peor de sus enemigos, en especial en Cali. Después de Rodrigo Guerrero, quien se dedicó a estudiar el fenómeno y a proponer soluciones prácticas e inmediatas basadas en su exitosa aplicación de la epidemiología de la violencia, sus sucesores entendieron su elección como la facultad para disponer del tesoro municipal a su libre albedrío. Mientras la metodolgía de Guerrero se volvió un modelo a escala mundial, sus sucesores en Cali se desentendieron de su obligación de profundizar en las causas de esa violencia que crece, y se dedicaron a gastar plata en financiar el clientelismo y en asuntos que nada tenían que ver con lo que los caleños reclamaban. O se escurría por la alcantarilla de la corrupción que financia a los detentadores del poder local. El silogismo para justificar su negativa a invertir en la seguridad es por lo menos aterrador: “En Cali hay narcotráfico; el narcotráfico produce violencia; el narcotráfico es un problema nacional; por consiguiente, el problema de la violencia en Cali es del Gobierno Nacional”. Así se lavaron las manos y destinaron la plata de la seguridad a financiar tonterías como los guardas cívicos, eufemismo que disfraza el clientelismo de las nuevas mangualas que se apoderaron del CAM. Y se abandonaron los intentos por desactivar la bomba de tiempo que crecía en los miles de bebederos que se esconden tras los llamados ‘estancos’. Como se le dio la espalda al alcoholismo juvenil y a los fenómenos de intolerancia que empiezan en peleas y terminan en asesinatos, mientras le niegan la plata a la Policía para atender los fenómenos de delincuencia común que acorralan a las familias caleñas. Hoy, la gente está aterrada y confundida porque hay alguien acechando en cualquier parte para quitarle sus pertenencias. Porque los buses de transporte escolar y los supermercados son víctimas de atracos. Porque el fleteo y el paseo millonario son pan de cada minuto. En fin, porque la delincuencia común es el gran enemigo de los caleños y el gobierno de su ciudad pretende ignorarlo, persiste en dividir la ciudad entre ricos y pobres y se desentiende de la obligación de dedicar lo que sea necesario de los impuestos que pagan los contribuyentes para proteger su vida, su honra, y sus bienes. Pero el alcalde Ospina insiste en echarle la culpa al narcotráfico, apela a declaraciones rimbombantes e inútiles para no cumplir el mandato constitucional, y anuncia el consabido y estéril Consejo de Seguridad. Y se niega a entregarle a la Policía los recursos que necesita mientras ésta se declara impotente para derrotar a los criminales que azotan las calles de Cali. Esa es la nueva democracia, ahora representada por el nuevo latir: elegir alcaldes para que hagan lo que les dé la gana, mientras los ciudadanos padecen el escándalo de los malos manejos y la violencia los aguarda a la vuelta de la esquina. ¿Hasta cuándo?

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