El debate que empieza

Agosto 28, 2016 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Terminadas las negociaciones en La Habana, le tocó el turno a la gente. Es el momento para prepararse a decidir si lo que allá se acordó, con todo y el afán del Gobierno por lograrlo, es útil, bueno y recomendable acá, donde hemos padecido cincuenta años de delincuencia organizada que llegó a los más crueles extremos. Es el momento para sentarse a mirar en detalle lo acordado entre quienes representaron con decoro e interés la posición del Gobierno que se supone identificada con la sociedad colombiana, y el grupo más feroz y más depredador de la vida, las libertades y el bienestar de nuestro país. De leer ese acuerdo para impedir el triunfo del interés de usar la paz como instrumento partidista y como elemento para dividir. En doscientas noventa y siete páginas está contenida la negociación. Está el aporte del Gobierno sobre lo que consideró prudente y necesario negociar, transigir, entregar o negar. Está lo que aportó la delegación de última hora que contó entre sus integrantes al Senador emblema del clientelismo y el transfuguismo, y a Iván Cepeda, empeñado en la venganza y en acabar la libertad de prensa, que no se sabe si representó a las Farc o a los colombianos.De parte de las Farc está lo que según ellos son sus ideas políticas. En el trasfondo de esa ‘nobleza’ está el conseguir que no se hable de cómo repararán a sus miles de víctimas. Que no se mencione si devolverán la enorme riqueza que acumularon y seguirán amasando con el narcotráfico, ni si responderán por los campos de concentración que montaron, una verdadera aberración, o el asesinato miserable de los diputados del Valle. De lo acordado, me preocupa el capítulo de la justicia. Salvo por su afán de terminar, no entiendo por qué el Gobierno se inventó un Tribunal que estará por fuera de la rama consagrada en la Constitución como uno de los tres pilares del Estado de Derecho. Ni por qué tendremos que aceptar un tribunal elegido por el Papa y por una asociación de universidades públicas que nadie conoce, excluyendo las privadas que producen los mejores abogados de Colombia. Y me queda difícil aceptar que las Cortes que deben administrar justicia por mandato de la Constitución que ahora reconocen las Farc, sean solo ‘invitadas’ a proponer un candidato para ese tribunal que definirá las amnistías, los perdones, que terminará declarando el narcotráfico como delito conexo a la rebelión y que tendrá el poder para autorizar que tipos tan tenebrosos como ‘Romaña’ y ‘El Paisa’ se sienten a legislar en el Congreso. Si bien acepto que debe aplicarse la justicia transicional y creo en el proverbio chino (‘Al enemigo que se va, puente de plata’), no creo que nuestros jueces deban ser apenas proponentes de un magistrado en el omnipotente tribunal. Tampoco me gusta que sigan engañando con la maroma del artículo tres del Derecho Internacional Humanitario para incorporar por la puerta de atrás a la Constitución lo acordado al calor del afán del Gobierno. Esa mentira se devolverá algún día.Al final, no creo que el acuerdo sea la llegada del castrochavismo, así la alianza que gobierna sea tan débil y tan interesada. Tampoco acepto que como emblema se use el día D, como si fuera el desembarco de los triunfadores. Es lenguaje bélico para significar que ya vencieron a quienes tenemos dudas sobre lo acordado. Y ambos son intentos por radicalizar más a los colombianos.

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