El cinismo democrático

Julio 08, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Muchas cosas debieron ocurrir para que el Estado actuara contra la mafia electorera que convirtió al Valle en reducto de corrupción. Pero le falta mucho para acabar con la que, enquistada en el régimen político y las entidades que realizan las elecciones, hacen de ellas un negocio que se compra y se vende al mejor postor. Es increíble que durante por lo menos diez años se esté denunciando el fraude que de manera continua se realizaba a través de los sistemas en las elecciones del Valle, sin que haya existido reacción alguna. Y que sólo ahora sea la Policía Nacional, y no los organismos encargados de vigilar la transparencia de esas elecciones, la entidad que detecta las irregularidades y descubre el fraude que realizaban personas con larga trayectoria en la Registraduría. Pero lo más descorazonador es el cinismo con que el Registrador Nacional ha contestado los señalamientos sobre la forma en que actúa la Registraduría. Y no sólo en el Valle: basta preguntarle a la gente de Cota, Cundinamarca, sobre lo ocurrido en las últimas elecciones para alcalde de ese municipio. “El fraude electoral no habría alterado los resultados del Valle”, dijo a sangre fría Carlos Ariel Sánchez, contestando los cuestionamientos que lo acosaban por el entramado que se descubrió la víspera de las elecciones. Fue el mismo tono con que respondió a los reclamos sobre el fraude que podía producirse en la elección del Alcalde de Cali hace un año, el que debió cambiar cuando supo lo que le corría pierna arriba. Al parecer, el doctor Sánchez olvida que debió echar marcha atrás en sus arrogantes respuestas y retirar a su carnal Holman Ibáñez, jefe del censo electoral y a quien le cedió sus acciones en la firma Procesos Electorales, cuando fue denunciada la trama de extorsiones y maturrangas con las cuales pretendían afectar las elecciones a la Alcaldía de Cali, el pasado octubre. Y le tiene sin cuidado que el Consejo Nacional Electoral haya puesto en duda las elecciones de marzo de 2011, cuando el PIN, tan cercano a Ibáñez, obtuvo 3 senadores y 4 representantes a la Cámara en el Valle. Esas son las consecuencias de mantener un régimen electoral que ni siquiera la Constitución en 1991 pudo cambiar. Se pregunta uno por qué no ha sido posible modernizarlo para impedir que apagones como el que se presentó en las elecciones para gobernador de octubre o en la elección del alcalde de Cota, vuelvan a alterar los resultados. Y por qué hay tanta resistencia a actualizar las reglas de juego, aislando la Registraduría del clientelismo para garantizar la pureza de las elecciones.Así está el sistema electoral colombiano: podrido hasta la médula y protegido por quien debería ser guardián de la fe pública y de la democracia. Es la consecuencia de mantener un régimen plagado de favores e intereses cruzados, donde los mismos participantes del certamen electoral nombran a quien debe vigilar su elección. Y después nos preguntamos por qué se presentan descalabros como el ocurrido en la reforma a la Justicia. Es que aquí no hemos entendido que las elecciones son la base de una democracia sana. Y que mientras el sistema electoral no cambie y quienes lo dirijan sean personas cuestionadas y cínicas, la democracia no tendrá nunca la respetabilidad y credibilidad que necesitamos para no perder la poca fe que queda en la política.

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