El botadero

El botadero

Febrero 08, 2015 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Buen negocio hacen quienes utilizan a Cali para resolver los dramas sociales que producen la violencia y la pobreza. O para lucrarse de ellos, usando a la justicia y abusando de la tutela. Dos hechos, de los miles que se presentan, demuestran esa realidad. Según cuenta el Asesor de Paz de Cali, en Barbacoas, Nariño, se presentaron graves problemas de desplazamiento. Se supone que las autoridades del municipio y del departamento de Nariño deben actuar de inmediato, realizar los censos, disponer los albergues e incluir a las víctimas en los listados que permiten acceder a los auxilios que ofrece el Gobierno Nacional.Por supuesto, ese alcalde y su gobernador deben destinar recursos de sus entidades para atender la emergencia. Es lo que ordena la Ley. Pero no es lo que hacen los funcionarios: en vez de cumplir con su deber humanitario, les preguntan qué quieren hacer. Entonces, 25 de los desplazados dicen que quieren venir a Cali. Sin dudarlo, los funcionarios les dan la plata para los pasajes. Y listo: se liberaron de su deber de atender la emergencia, evitaron tener que dedicar la plata del municipio y del departamento. Y le pasaron el drama a la capital vallecaucana.El otro hecho es más complejo. Por razones que no son claras, un grupo de indígenas Embera Katíos llegaron al Calvario, una de las peores zonas de la ciudad. Allí se instalaron, dedicándose a la mendicidad. Su caso, un drama humanitario, fue atendido por el Municipio desde su llegada. Los 202 indígenas han recibido los auxilios del caso, aunque una niña murió por causas desconocidas.Dos años llevan viviendo en inquilinatos de mala calidad y resistiéndose al regreso. Y fueron usados por un abogado que se especializó en tutelas para entorpecer la construcción de Ciudad Paraíso que modernizará el centro de Cali y acabará con la olla. Ahora, las actuaciones poco claras del abogado son respaldadas por un juzgado, a pesar de que los mismos Embera le revocaron los poderes que le otorgaron.Así, Cali sufre el embate permanente de una migración que aprovecha el que aquí se preocupen por los 160.000 desplazados que han sido censados. Y debe destinar $12.000 millones al año para atender a quienes llegan en calidad de desplazados, sin que se tenga una idea clara de cuántos más llegan en silencio a engrosar los cinturones de miseria. Esa es plata de los impuestos que pagan los caleños, mientras en otras partes se lavan las manos. O se presentan abogados que hacen de la tutela un instrumento para afectar los intereses de la sociedad.Hace unas décadas, autoridades de municipios vecinos recogían a los pordioseros y los enviaban aquí en volquetas y por la noche. Con ello salían de un problema que le pasaban a Cali como si esa fuera la solución. Ahora son los alcaldes y gobernadores que hacen de Cali el botadero de los desplazados, desconociendo sus obligaciones como gobernantes. O las leguleyadas que no tienen en cuenta los derechos de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia?***¡Qué tal!: ante la necesidad de desviar la atención sobre la tragedia que el chavismo le ha causado a Venezuela, Nicolás Maduro llamó a Ernesto Samper, al que entronizó como secretario de Unasur, dizque para que sirva de mediador ante los Estados Unidos. A lo mejor, el expresidente del proceso 8000 tiene contactos importantes dentro del país que le quitó la visa.

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