Dolor de patria

Junio 24, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Vergüenza es lo que queda al ver el monstruo en que transformaron la reforma a la Justicia, y lo que hace la Fiscalía con Sigifredo López. Es cuando uno piensa que los enemigos del Estado de Derecho están adentro de las instituciones.“La reforma a la Justicia fue un ejercicio de mercadeo para aprobar una reforma política”, dijo el Presidente del Consejo de Estado. Esa frase resume lo ocurrido: hace un año, el presidente Santos ofreció la reforma como necesaria para cambiar el servicio público que da origen a cualquier Estado. Pero la promesa se convirtió en frustración. Al realizar la conciliación, los congresistas aseguraron su impunidad al levantar el régimen de inhabilidades y la libertad para los parapolíticos y corruptos. Lo primero que hicieron fue levantar el veto constitucional a la posibilidad de legislar en causa propia. Después aprobaron la reforma inconexa y alejada del ciudadano que les propuso el Gobierno. Con ello cumplieron con los compromisos de la Unidad Nacional, complaciendo al Ejecutivo. Una vez libres de ataduras constitucionales y satisfechos los pactos con el Gobierno, procedieron a destruir el régimen que la Constitución consagró para limpiar la política. Dieron entonces el siguiente paso, al establecer un período de 12 años para los magistrados de las Cortes, incluida la Constitucional, y ampliar su edad de retiro hasta los 70 años. Con lo cual lograron que esos magistrados deban declararse impedidos para juzgar si la reforma rompe o no la estructura de la Constitución aprobada por el pueblo en 1991. Es decir, neutralizaron al juez. Y entraron en materia, aboliendo el régimen de incompatibilidades, permitiendo que delincuentes condenados sean elegidos al Congreso y haciendo imposible la pérdida de la investidura. Así desconocieron lo que los colombianos establecieron en el 91 como principio constitucional para combatir la corrupción que carcome la política. Mientras tanto, el Ministro de Justicia se declaró satisfecho pese a que lo aprobado no fue una reforma a la Justicia sino un atropello para impedir que se sancione a los congresistas que violen la ley. Es decir, usaron los cargos de elección popular para asegurar la impunidad de los elegidos, y de los funcionarios que son juzgados por corrupción o abuso del poder. Una verdadera vergüenza.Después de consumado el atropello, el presidente Santos se bajó del avión y pronunció un discurso indignado, en el cual anunció que no promulgará el monstruo que nació hace un año cuando lo presentaron como la reforma que salvaría a la Justicia. No sé si pueda hacerlo o si tal actuación es otro golpe a las instituciones. Lo que sí tengo claro es que el daño a la credibilidad de la democracia colombiana es irremediable.***Lo que la Fiscalía está haciendo con Sigifredo López, es otro atentado contra el Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que lo detengan acusándolo de ser un peligro para la sociedad, filtren las pruebas, y cuando flaquea el entramado que montaron, se nieguen a soltarlo? ¿Cómo entender que lo declaren como peligroso, anuncien que lo trasladan a Cali y no lo hacen, le confirmen las acusaciones y le den la casa por cárcel a quien consideran un monstruo que vendió a sus compañeros de secuestro? ¿Dónde queda el principio de favorabilidad del derecho penal? Otra vergüenza.

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