Detrás del plebiscito

Noviembre 15, 2015 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

En el Congreso avanzan los trámites para que el plebiscito sea la forma con la cual los colombianos refrendarán el acuerdo final con las Farc. Pero no se ha dicho toda la verdad. Por ejemplo, no se ha explicado que los votantes van a reformar la Constitución Nacional con su escueto sí. Por eso los colombianos no tienen claro la importancia de lo que van a hacer y lo que van a cambiar. Por ejemplo, si el acuerdo incluye el perdón y olvido que se está negociando en el aparte de la Justicia que tiene tan enredado al Gobierno. Por ejemplo, le darán carácter constitucional al acuerdo mediante el cual los responsables de innumerables crímenes de lesa humanidad, atroces o de guerra, obtengan la impunidad.Es cierto que la decisión de firmar el acuerdo con las Farc la puede tomar el Presidente de la República. Pero también lo es que él no puede reformar la Constitución o las leyes, a no ser que el Congreso le otorgue facultades para lo segundo o exista una reforma Constitucional con los requisitos que ella fija. O que lo apruebe el constituyente primario mediante un plebiscito al cual se pretende dar carácter vinculatorio. Por eso se empeñan en sacarlo a marchas forzadas. Para ello pretenden bajar el umbral que se fijó para evitar que decisiones como cambiar la Constitución apelando al constituyente primario se haga con minorías como las que proponen, con lo cual se anula el control de legalidad sobre lo acordado. Es decir, menos de cinco millones de votantes podrán decidir por cuarenta y siete millones de ciudadanos. Fácil, ¿o no? En otros términos, si se aprueba el engendro que presento don Roy Barreras y ahora defienden su émulo Benedetti y el Gobierno Nacional, los partidarios del acuerdo a como de lugar y sea como sea solo necesitarán los votos de su clientela para sacarlo adelante. Para ello apelarán a reducir el constituyente primario a su mínima expresión, lo cual evitará el debate nacional necesario para conseguir la legitimidad que termine la violencia. Por ejemplo, cambiarán la integración del Congreso si el acuerdo incluye el otorgar curules a las Farc, y en los Consejos de municipios que destruyeron. También decidirán que jefes de la guerrilla como los que ordenaron volar el club El Nogal de Bogotá, o secuestrar y asesinar a los once diputados del Valle, podrán ser Congresistas. Y aceptarán que los jefes de la guerrilla no asuman su responsabilidad en el narcotráfico. El votante debe tener en cuenta que las Farc pueden reformar la Constitución a través del acuerdo final, si éste es aprobado por el pueblo mediante un plebiscito. Todo eso y mucho más será consecuencia del sí simple y llano que pretende imponer la aplanadora oficial. Por supuesto que los colombianos queremos la paz. Pero la gran mayoría no queremos cualquier acuerdo y menos que se cambien de tal manera las instituciones para lograr una firma de Timoshenko. Por eso no es aceptable que el Ministro del Interior pretenda que los colombianos aprueben el acuerdo con las Farc sin que estén enterados sobre la gravedad de lo que es un plebiscito. O que trate de ocultar el riesgo de rebajar un umbral establecido para garantizar la aprobación de la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto a un acto con el cual cambiarán su Constitución. Esa es la diferencia entre un acuerdo aprobado a los sombrerazos por una minoría y uno aprobado por la mayoría del constituyente primario. Es la diferencia entre la legalidad y la legitimidad.

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