¡Depredadores!

Diciembre 19, 2010 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Perdonen que disienta del presidente Santos en estas épocas de Unión Nacional. Pero echarle la culpa de la tragedia que vive Colombia a las coporaciones autónomas creadas por la ley 99 de 1993, equivale a lavarse las manos y evadir la responsabilidad que le cabe al Estado por su irresponsabilidad en el manejo del medio ambiente en Colombia. Y no es precisamente porque esas entidades no hayan cumplido su misión. Es que no las crearon para defender la naturaleza sino para satisfacer la voracidad del clientelismo regional. Y las que habían, como la CVC que fue ejemplo a imitar, las convirtieron en botines para financiar el clientelismo, la corrupción y los regímenes depredadores que manejan los departamentos. En ese papel, salvo por su propósito de alimentar a los lagartos y las alimañas de la fronda política, poco tiene que ver el medio ambiente.Es que la Ley 99, según sus autores un modelo en preservación del ecosistema, fue apenas un esfuerzo del gobierno de César Gaviria por desembarazarse de la responsabilidad política que le compete al Estado como protector del medio ambiente. Detrás de ella se escondió también la intención de despojar al Valle del patrimonio eléctrico de la CVC, construido durante 40 años por los habitantes del Valle geográfico del Cauca. Es decir, por los moradores del Cauca, del Valle y lo que entonces era el gran Caldas.Lo bueno del Plan Lilienthal que originó la CVC se puede ver en Salvajina y en las obras de protección que realizó durante 40 años. En la gente que preparó y en la riqueza que acumuló por la buena gestión. Es el resultado de darle un tratamiento integral al río, de pensar en la gente y en el futuro, sin detenerse en las fronteras políticas de los departamentos. Eso es lo que hoy evita que la tragedia sea peor. Lo malo se ve en que el Plan no fue terminado. Es lo que dejó la Ley 99 cuando le arrebató a la CVC su patrimonio eléctrico y entregó su manejo al arbitrio de los buitres que usaron la ‘democracia’ y el billete para apoderarse de ella. Son los Abadías que dispusieron de $35.000 millones para satisfacer “compromisos de campaña, ve”. Son los Martínez que compraron a las ONG, a los indígenas, a los negros, a los alcaldes para usar sus puestos en el Consejo Directivo y hacer lo que les diera la gana. Son los Garzones que, elegidos por una meritocracia de mentiras, echaron a los funcionarios que sí sabían cuál es el papel de la CVC. Y ahora son los demás jefecillos que se arrebatan puestos y contratos mientras el Valle se ahoga. A nadie se le puede ocurrir crear 36 autoridades ambientales y entregarlas a gente que nada sabe de ecología. Al parecer, los autores de la Ley 99 no se imaginaron que semejante pastel se convertiría en patrimonio de los gamonales. Por eso, el medio ambiente no tiene dolientes, y los ríos son víctimas de la ignorancia, mientras son destruidos los páramos donde nacen y cuando llega un invierno se convierten en furia incontrolable, como si cobraran el abuso. Todo ha sucedido frente a los Gobiernos Nacionales y los órganos de control, sin que haya forma de detener los abusos. Por eso, en vez de echarle la culpa a los engendros creados por el centralismo que compra adhesiones entregando el ecosistema a los buitres de la política, el presidente Santos debe cambiar esa ley, pensando en el país antes que en la clientela.

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