Cortinas de humo

Junio 18, 2017 - 07:15 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

Muchos años y muchos documentos demuestran que el gran generador de la violencia en Colombia es el narcotráfico. No obstante, la decisión parece ser ignorar esa realidad y construir argumentos que justifican políticas equivocadas y erráticas.

Se sabe que los carteles de Cali y de Medellín pudieron desafiar al Estado por el poder económico que acumularon, lo que les permitió comprar la elección de Ernesto Samper y desencadenar el nacoterrorismo. Y que, cuando el Estado decidió enfrentarlos porque acorralaban a la clase política, sus jefes negociaron con la guerrilla su protección y luego la volvieron socia para terminar construyendo el cartel de drogas ilícitas más poderoso del mundo.

Por eso, las Farc revivieron, llegando a ser un ejército. Con ello obligaron a reclamar y recibir el apoyo de los Estados Unidos para enfrentar un desafío que fue conjurado cuando la dirigencia nacional entendió que no había alternativa. Con ello se respondió, no a las órdenes de los gobiernos estadounidenses sino al reclamo de una Nación víctima del terror y el crimen de las Farc, así como del paramilitarismo, sus narcos y su maridaje infernal con la política.

Cuando se sentaron a negociar en La Habana, las Farc ya tenían la lección aprendida. Por eso, en lugar de insistir en un ejército poderoso, sus cabecillas se dedicaron a expandir los sembrados de coca, en especial a orillas del Pacífico donde pueden entregar con rapidez la cocaína a los carteles mexicanos. Eso facilidad elevó a 188.000 hectáreas el área sembrada de coca, a producir 1000 toneladas de cocaína por año y a inundar los pueblos y ciudades de bazuco y cuanta porquería se mueve en el mundo del microtráfico en Colombia.

Esa es la base de su apuesta política, sin importarles que también significó el fortalecimiento de lo que ahora se llaman Bandas Criminales. En forma paralela, promovieron la fundación de centenares de asociaciones de supuestos campesinos que, copiando las lecciones de Evo Morales en Bolivia, dijeron que sembrar coca no es delito, que el delincuente es el que la convierte en cocaína y en bazuco, quien la vende y quien lava la plata.

Cuando llegaron al punto en la negociación de La Habana, las Farc sólo se comprometieron a “colaborar”. Y el Gobierno aceptó que se declarara como delito conexo, quitandole la característica de delito común y de conspiración internacional, con lo cual recibe los beneficios de la Justicia Especial de Paz. Por eso es difícil decir quién es narco y quién guerrillero.

Nacieron así organizaciones como la Coccam que recibe apoyos oficiales y sus jefes son líderes sociales. Y procedieron a organizar paros sangrientos como el de hace dos meses en Tumaco, punto estratégico para el negocio. Por eso, cualquier cosa que les pase a esos “líderes sociales” es un atentado contra los Derechos Humanos aunque sean producto de venganzas entre colegas de negocio o a causa de una riña con sus mujeres o maridos.

Y en esas estamos. El problema no es ni la fumigación ni las exigencias del Secretario de Estado gringo ni si la política de erradicación es buena o mala, o que la cocaína en los Estados Unidos no baja su precio. Es que en Bogotá no aceptan que el narcotráfico y los cultivos de coca son la causa de nuestra violencia y que hay que combatirlos como sea para poder vivir en paz.

Por eso vivimos entre cortinas de humo.

Sigue en Twitter @LuguireG

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad