Acomodando la Ley

Acomodando la Ley

Abril 15, 2012 - 12:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

La disputa por la Justicia en Colombia y el afán por acomodarla está tocando ya terrenos peligrosos. Y los únicos que no parecen darse cuenta son precisamente quienes están obligados a fortalecerla en vez de negociarla. Dos ejemplos. El primero es el desmadre del Consejo Superior de la Judicatura, los escándalos y las maniobras descaradas de algunos de sus integrantes para evadir sus responsabilidades. Es el caso del carrusel de las jubilaciones con el cual se favorecieron funcionarios de la rama con encargos hasta de un día. Fueron actuaciones con apariencia de legalidad, que en la práctica produjeron perjuicios económicos enormes, al obligar al Estado a pagar mesadas a todas luces injustas. Por eso, la contralora Sandra Morelli abrió un juicio fiscal, la manera en que el organismo actúa en cumplimiento de sus deberes. Y ocurrió lo esperado: apareció el leguleyismo que interpreta el control fiscal como actos jurisdiccionales así los realice un funcionario que no es juez, para obligar a que el proceso lo adelante (?) la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en aplicación del principio Constitucional del Fuero que cubre a los Magistrados. Como el organismo que debía resolver el asunto de la competencia era el propio Consejo de la Judicatura, sus integrantes se declararon impedidos. Entonces entraron a actuar los Conjueces, quienes decidieron que la Contraloría no podía continuar su labor de fiscalización, pasándole la pelota a la Comisión ya conocida como de Absoluciones, pues en su existencia no ha condenado magistrado alguno. Con un incidente adicional: según el noticiero CM&, y las declaraciones a la W Radio de uno de los conjueces, los magistrados Henry Villarraga y Ovidio Claros, dos de los investigados, se hicieron presente en las sesiones donde se discutía el asunto. ¿Qué hacían esos personajes en la sesión donde se definía quién les pediría cuentas?Segundo ejemplo: en el Congreso se tramita una reforma a la Justicia que poco hace para resolver sus verdaderos problemas. Es un intento por zanjar las peleas entre los poderes públicos y la incomodidad que significa el que unos tengan la facultad de investigar y sancionar a los otros. Por eso apareció un artículo que impedirá a la Procuraduría investigar a los Congresistas por sus actos como servidores públicos. De pronto, el procurador Alejandro Ordóñez, en trance de reelección, es el primero en apoyar la idea, aduciendo que no es conveniente que el que sea elegido como Procurador vigile a sus electores, los Congresistas. Es decir, si se aprueba esa reforma ningún legislador será objeto de la vigilancia que ordena la Constitución al Ministerio Público en cumplimiento de su deber de “defender los intereses de la sociedad” por encima de cualquier consideración. Así, lo que fue bueno durante cien años es perjudicial ahora. Llama la atención que quien ha sancionado a decenas de Congresistas, fuera invadido de preocupaciones.Son dos ejemplos de cómo se acomodan las instituciones de control, la Contraloría y la Procuraduría, para impedir que los Jueces y los Legisladores sean vigilados. Con lo cual se envía el mensaje de que Congresistas y Magistrados no deben responder por sus hechos, una forma de torcerle el cuello a la ley aprovechando el poder. ¿No es así como se desconoce el Estado de Derecho?

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